PROPUESTA ENRIQUE DELGADO PALACIOS

La Universidad Bolivariana de Venezuela como órgano preparador de ideologías y la inserción de sus abogados egresados a las comunidades, para el mejoramiento y funcionamiento de las instituciones creadas por el Estado en lo que respecta en materia de contraloría social, políticas publicas, titularidad de las tierras, tenencias de las tierras, atención a grupos vulnerables, el reimpulso de lo consejos comunales, a través de la formación y atención continua a los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en las comunidades, y en el marco de cubrir sus necesidades de tipo legal (Tenencias de Tierras, Controlaría Social y participación ciudadana) que viven día a día, se plantea el reto y la posibilidad de crear un acceso directo que nos permita darles respuestas inmediatas sin tener que realizar esos procesos de tramites y trabas burocráticas que entorpecen la gestión con la utilización de los espacios que se tienen en las aldeas y en los consejos comunales, siendo necesario que los mismos representantes de la comunidad participen para ejercer el control persectivo y de control continuo mediante la aplicación de la normativa vigente .


PROPUESTAS GENERALES
1. Fomentar el desarrollo de programas de formación y capacitación a las comunidades en el campo sociojurídico que favorezca la comprensión y aprovechamiento de las leyes que propicien la participación protagónica del pueblo en las políticas públicas.
2. Acompañar en los procesos de constitución de los espacios de organizaciones sociales comunitarias como los Consejos Comunales, las Comunas, Mesas Técnicas de Tierras y grupos vulnerables, que permita lograr el ejercicio del poder constituyente y alcanzar el verdadero Poder Popular.
3. Generar campañas de difusión sobre los valores morales, conciencia cívica, principios de solidaridad humana y el sentido de la corresponsabilidad ciudadana en todo el ámbito social y las instituciones públicas, con la finalidad de contribuir a la formación del nuevo ciudadano justo, solidario y feliz.
4. Promover los nuevos modelos de producción socialistas que favorezcan el desarrollo endógeno de las comunidades, una vez transferidas la titularidad de las tierras de vocación agrícolas.
5. La capacitación, formación y orientación jurídica como aporte de conocimientos y transformaciones necesarias para la funcionalidad y efectividad de las políticas públicas.
6. Disposición de espacios en las comunidades para ejecución de enlace estado-universidad-comunidad.

7. La participación ciudadana del estado-universidad-comunidad en el proceso de construcción de las políticas sociales con la gestión pública, para buscar la solución de los diferentes problemas de la colectividad.



PROPUESTAS CON RESPECTO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (TIERRAS)

Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.

Los cambios en las estructuras agrarias se imponen a partir de la aplicación de leyes destinadas a regularizar la tenencia, democratizar su acceso, y en general, asegurar un desarrollo rural integral, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable.
Es necesario que el Estado se ponga al día, de forma sistemática, en el cumplimiento de sus obligaciones técnicas y jurídicas, a fin de que los productores puedan cumplir plenamente con los preceptos que la LDTDA establece, y que permitirá el cabal cumplimiento por parte de propietarios u ocupantes de la función social de sus tierras pero que solo será posible al cumplimiento previo de las obligaciones que tiene el Estado.

Las obligaciones del Estado en materia agraria están claramente establecidas a la luz de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) promulgada en noviembre de 2001 (y reformada parcialmente en mayo de 2005), son múltiples estas obligaciones y varias de ellas deben cumplirse previo a la exigencia de los productores, sean éstos ocupantes precarios o propietarios con título suficiente, sean latifundistas o no, a pesar de cometer injusticias en algunos casos, peores a las que se quieren corregir y en consecuencia poner en riesgo el proceso de reforma y sus objetivos.

1) El Estado está obligado a elaborar y publicar los planes agroalimentarios regionales, en concordancia con los planes nacionales. Las tierras con vocación productiva deben ajustarse a estos planes, y los propietarios u ocupantes de tierras tienen el derecho de conocerlos de antemano, o de lo contario pudieran ser considerados sus predios como ociosos o incultos por no ajustarse al ordenamiento agroalimentario, tal como se infiere del artículo 104 de la norma agraria.

2) Al Estado corresponde igualmente el cálculo y la publicación del rendimiento idóneo de cada rubro de acuerdo a la vocación de uso de las tierras. Solo así se podrá considerar justa la certificación de las tierras de acuerdo a las tres categorías previstas en la ley: ociosas, mejorables o productivas. Los valores de rendimiento idóneo deben ser conocidos con suficiente antelación para que el productor pueda ajustar su producción al nivel exigido según el rubro que produce y la vocación de uso del suelo, y solicitar el tiempo que la ley le concede para cumplir con estos niveles en caso que el productor lo considere necesario.

3) Otra tarea obligante para el Estado es la conformación del Registro Agrario en los términos que la ley establece. Vale decir, el Estado debe levantar y registrar sistemáticamente la información jurídica (títulos de las tierras), física (planos de las tierras) y avaluatoria (infraestructura física y ambiental) de todos los predios rurales del estado y del país. La información del registro, eminentemente técnica, permitiría a los entes administrativos agrarios tomar decisiones objetivas, menos discrecionales, y en consecuencia, más justas.

4) Velar que todo propietario u ocupante de tierras con vocación agroalimentaria cumpla la función social de productividad agraria, que a su vez es un patrón de medición de la adecuación que existe entre la tierra y su vocación de uso, medida en términos objetivos del tipo de suelo, del rendimiento de los rubros producidos y de su ajuste a los planes agroalimentarios regionales y nacionales.

A fin de que el Estado a través de sus organismos que le compete la materia, actúen de una manera eficiente, que cumpla con la determinación previa de los rendimientos idóneos, de la vocación de uso de las tierras y de la elaboración de los planes agroalimentarios, proponemos:

1. Transferir a los Concejos Comunales o Comunas la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras.

2. Fusionar los Comités de Tierras con los Consejos Comunales.
No hay un trabajo en conjunto entre Inti-CTU-Consejo comunal.

3. Enseñar en todas las Escuelas de Agronomía, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con la problemática de la realidad agraria del país, para acercar a los futuros profesionales.

4. Integrar la Universidad Bolivariana con los Frentes Campesinos constituidos para afinar estrategias y soluciones a la problemática de la tenencia de las tierras en el Estado Carabobo.

5. Revisar proyectos de Ley y reformas introducidas a la Asamblea Nacional, para su posterior análisis y de allí crear propuestas verdaderamente idóneas parar solventar la problemática de las tierras en el Estado Carabobo.

6. Vincular con los entes del estado con las comunidades, a través de los consejos comunales y sus mesas técnicas.

7. Promover encuentro de saberes estado-universidad-comunidad.

El incumplimiento de la función social en los términos que la ley establece por parte los productores propietarios u ocupantes de tierras agrícolas trae como consecuencia jurídica inmediata, el pago de un impuesto predial, y el rescate de las tierras o la expropiación de las mismas, pero para poder cumplir con tales obligaciones, el Estado debe, a su vez cumplir con sus obligaciones, de lo contario, se corre el riesgo de repetir los errores de los procesos reformadores de antaño, y neutralizar los efectos de una ley llamada a producir profundos cambios sociales en el campo.