REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MISIÓN SUCRE.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS
TRANSFORMACION DEL DERECHO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
O
CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA
PROPUESTA CONSTRUIDA POR:
LA PRIMERA PROMOCIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA MODALIDAD COMBINADA DE ALDEAS MUNICIPALIZADAS
Carabobo, marzo 2010
Cuando el pueblo, por medio de la instrucción, sepa
lo que son sus deberes y derechos
habremos consolidado
la República.
INTRODUCCIÓN
La Universidad Bolivariana de Venezuela como órgano preparador de ideologías y la inserción de sus abogados egresados a las comunidades, para el mejoramiento y funcionamiento de las instituciones creadas por el Estado en lo que respecta en materia de contraloría social, políticas publicas, titularidad de las tierras, tenencias de las tierras, atención a grupos vulnerables, el reimpulso de lo consejos comunales, a través de la formación y atención continua a los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en las comunidades, y en el marco de cubrir sus necesidades de tipo legal (Tenencias de Tierras, Controlaría Social y participación ciudadana) que viven día a día, se plantea el reto y la posibilidad de crear un acceso directo que nos permita darles respuestas inmediatas sin tener que realizar esos procesos de tramites y trabas burocráticas que entorpecen la gestión con la utilización de los espacios que se tienen en las aldeas y en los consejos comunales, siendo necesario que los mismos representantes de la comunidad participen para ejercer el control persectivo y de control continuo mediante la aplicación de la normativa vigente .
No comparto el parágrafo anterior por lo siguiente: la universidad no prepara ideas, ni inserta abogados egresados, no nos forma para mejorar, ni para dar funcionamiento a las instituciones creadas. Nos forma para hacer revolución o sea cambios transcendentales que formulen, transformen, modifiquen, creen, reformen u otros que en la Ley o Leyes de la republica no den respuesta inmediata a la base soberana de nuestro pueblo glorioso. Es por ello que es imperante la promoción de colectivos de la justicia popular constituyente.
Sugiero mantener la propuesta inicial:
El Proyecto que contiene este documento es una propuesta a nuestro querido Pueblo de la Republica Bolivariana de Venezuela y ha sido elaborado a partir de nuestras experiencias en el proceso de formación en la aplicación de la metodología I.A.P impulsad a por la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, la disertación de saberes y el avance de nuestro trabajo en y con las comunidades; que permitió profundizar en la comprensión y la meditación de nuestra realidad sobre la justicia y su concordancia con los procedimientos legales; así como el rendimiento de las políticas públicas en el abordaje de las inseguridades socio-jurídicas existentes.
Asumiendo la lucha que como hijos de este pueblo, que nos permitió formarnos para empoderarse de las técnicas necesarias para la transformación de las normas de convivencia establecidas hasta ahora con algunas limitantes de acceso a este, en normas más cercanas a la realidad social de las comunidades; hemos recopilado y llevado registro de nuestra experiencia conjunta la cual plasmamos para así exponer ante el soberano una alternativa de solución a los conflictos que viene soportando por la desidia de la clase colonial-burguesa imperialista que nos había dominado y que venceremos estableciendo un Estado Social de Derecho y de Justicia.
Desaprender para aprender haciendo conjuntamente, en la conjugación estudiante – docente – comunidad y construir desde la realidad social un nuevo modelo de justicia, que bajo la legislación popular democrática, participativa y protagónica impulse la transformación real de un nuevo Ser Social Humano, pretendiendo con sencillez plasmar los conocimientos en este Trabajo Especial de Grado, experiencias e ideas que hemos construido en conjunto con las comunidades, convertidas en un proyecto que esperamos sirva a la transformación socialista de la realidad socio jurídica venezolana, de cara a las exigencias de justicia de nuestra patria.
OBJETIVO GENERAL
(QUE)Fortalecer la participación popular en la transformación de la realidad socio-jurídica local, regional y nacional, establecida en los objetivos estratégicos del primer plan socialista, (PARA)para la consecución de sus derechos económicos, sociales, culturales y de justicia socio – comunitaria, garantizando como principio la soberanía nacional, orientados a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia y la seguridad alimentaria, (COMO) ahondando en los procesos de construcción de una tribuna legislativa social, el desarrollo de procesos dirigidos a la formación y acompañamiento jurídico e integral de las personas, colectivos y sectores sociales construyendo un tejido primario de justicia social – comunitaria, (DONDE)desde y en sus propias comunidades.
SUGIERO DE NOMBRE A LA PROPUESTA:
• TRANSFORMACION DEL DERECHO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
• CONVERSION=TRANSFORMACION
JURIDICA=DERECHO
SOCIALISTA=JUSTICIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De formación:
1. Promover el estudio, difusión y desarrollo del nuevo derecho, de los procesos constituyentes populares. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
2. Promover y apoyar los procesos de construcción de normativas de la comunidad, sectores u organizaciones sociales como Derecho Comunitario. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
3. Contribuir a la articulación y construcción de tejidos del poder constituyente comunitario, en función de fortalecer su participación en las políticas públicas y procesos legislativos municipales, estadales y nacionales, fomentando el parlamentarismo social. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
4. Ampliar los procesos de educación y de información en el campo jurídico, favoreciendo la interpretación y empoderamiento popular de las leyes, apoyados en la nueva plataforma de universidad municipalizada. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
5. Contribuir en la consolidación de la Democracia Protagónica Revolucionaria planteada en el Primer Plan Socialista Libertador Simón Bolívar, el ejercicio directo de la soberanía sobre los asuntos públicos, especialmente mediante la promoción de la participación popular en la construcción de las leyes y políticas públicas del área jurídica. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
6. Apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento de los espacios de organización y ejercicio de poder comunitario como son los consejos comunales y las comunas, favoreciendo sus ejercicios de poder constituyente. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
7. Fomentar el desarrollo de programas de formación y capacitación a las comunidades en el campo socio jurídico que favorezca la comprensión y aprovechamiento de las leyes que propicien la participación protagónica del pueblo en las políticas públicas. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
8. Generar campañas de difusión sobre los valores morales, conciencia cívica, principios de solidaridad humana y el sentido de la corresponsabilidad ciudadana en todo el ámbito social y las instituciones públicas, con la finalidad de contribuir a la formación del nuevo ciudadano justo, solidario y feliz. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
9. La capacitación, formación y orientación jurídica como aporte de conocimientos y transformaciones necesarias para la funcionalidad y efectividad de las políticas públicas. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
10. promover la educación como proceso creador de la cuidadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. (Aldea Hipolito Cisneros)
11. Promover politicas efectivas e integrales que tendrian una amplia prevencion primaria,comenzando en las escuelas y con acciones en todos los ambitos del bienestar social que lleguen a todos los sectores de la poblacion promoviendo la integracion y la no exclucion de los sectores pobres y marginales, considerando que a la problematica social la acompaña los fenomenos de la corrupcion,la subocupacion,violencia, asi como la perdida y sustitucion de valores. MARITZA. DIJO:
12. También cabe destacar que a nuestras comunidades les falta mucha ideología y valores; bien es sabido que la mayoría de los consejos comunales que estan conformados no funcionan como debe ser, ya que las disputas por custiones económicas y quien es el lider es evidente;todo esto sucede según análisis personal a que no tenemos una formación ideológica estable,en donde defendamos lo colectivo y no lo individual.
Podemos lograr la organización pero si no hay un sentir mutuo,unos valores sólidos y un pensamiento en donde prevalezca los intereses de un colectivo de nada valera la lucha... JOSELEN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De acompañamiento:
1. Promover el acceso a servicios profesionales en el campo jurídico, favoreciendo la creación de un tejido primario de atención jurídica gratuita, desde las comunidades, sectores y organizaciones sociales. (FISCALIA SOCIO – COMUNITARIA cuya función esta enmarcada en la observación de la aplicación de procedimientos administrativos y la vigilancia de anticorrupción de las instituciones vinculadas a la comunidad). Aldea Miguel Marin – Bejuma.
2. Difundir campañas, apoyando las políticas de Estado, que formulan proyectos dirigidos a favorecer la resolución de los conflictos entre las personas. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
3. Promover propuestas desde el poder popular para el ajuste del sistema de justicia venezolano a las demandas de justicia social y exigencias frente a la impunidad. . Acompañar en los procesos de constitución de los espacios de organizaciones sociales comunitarias como los Consejos Comunales, las Comunas, Mesas Técnicas de Tierras y grupos vulnerables, que permita lograr el ejercicio del poder constituyente y alcanzar el verdadero Poder Popular. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
4. Disposición de espacios en las comunidades para ejecución de enlace estado-universidad-comunidad. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
5. Crear un SISTEMA BICENTENARIO DE CONTRALORÍA NACIONAL AUTÓNOMA SOCIALISTA para los Consejos Comunales o Comunas y todo lo que competa a la protección social, tiene entre sus fines primordiales la protección de los recursos financieros destinados para la ejecución de las Políticas Públicas y consecuencialmente producir beneficios a las comunidades (Aldea Hipolito Cisneros)
6. Adoptar una actitud eminentemente preventiva a través de un trabajo integral fortaleciendo los servicios policiales dentro de un proceso de reestructuración cambiando actitudes en coordinación permanente con los gobiernos locales, la comunidad organizada y las instituciones publicas y privadas ,es decir un compromiso de todos y para todos sobre todo en estos tiempos cuando la familia se resquebraja y hay una crisis de valores a todo nivel
7. Fusionar los Comites de Tierras con los Consejos Comunales. JOSELEN
8. Conformar comites de tierra para poder acceder a los procedimientos a seguir para la regularización de título de las tierras, que para ellos las mesas de tierras del consejo comunal no surtian ningún efecto. JOSELEN
9.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De acceso a la Justicia:
1. La participación ciudadana del estado-universidad-comunidad en el proceso de construcción de las políticas sociales con la gestión pública, para buscar la solución de los diferentes problemas de la colectividad. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
2. Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda actividad administrativa del Estado. (Aldea Hipolito Cisneros)
3. Construir el nuevo sistema de seguridad ciudadana se requiere de una construccion teorica alternativa , progresista que conjugue los valores de nuestra constitucion , referidos a la paz , la convivencia , la tolerancia,la diversidad,la solidaridad,la cooperacion y que tenga que ver con la cultura de la paz. . MARITZA. DIJO:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De seguridad alimentaria:
Propuestas de la (Aldea Enrique Delgado Palacios)
1. Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
2. Transferir a los Concejos Comunales o Comunas la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras.
3. Fusionar los Comités de Tierras con los Consejos Comunales.
4. No hay un trabajo en conjunto entre Inti-CTU-Consejo comunal.
5. Enseñar en todas las Escuelas de Agronomía, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con la problemática de la realidad agraria del país, para acercar a los futuros profesionales.
6. Integrar la Universidad Bolivariana con los Frentes Campesinos constituidos para afinar estrategias y soluciones a la problemática de la tenencia de las tierras en el Estado Carabobo.
7. Revisar proyectos de Ley y reformas introducidas a la Asamblea Nacional, para su posterior análisis y de allí crear propuestas verdaderamente idóneas parar solventar la problemática de las tierras en el Estado Carabobo.
8. Vincular con los entes del estado con las comunidades, a través de los consejos comunales y sus mesas técnicas.
9. Promover encuentro de saberes estado-universidad-comunidad.
10. El incumplimiento de la función social en los términos que la ley establece por parte los productores propietarios u ocupantes de tierras agrícolas trae como consecuencia jurídica inmediata, el pago de un impuesto predial, y el rescate de las tierras o la expropiación de las mismas, pero para poder cumplir con tales obligaciones, el Estado debe, a su vez cumplir con sus obligaciones, de lo contario, se corre el riesgo de repetir los errores de los procesos reformadores de antaño, y neutralizar los efectos de una ley llamada a producir profundos cambios sociales en el campo.
11. Promover los nuevos modelos de producción socialistas que favorezcan el desarrollo endógeno de las comunidades, una vez transferidas la titularidad de las tierras de vocación agrícolas. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
Propuesta Omar Zambrano
1. Subordinar la posesión y el uso de la tierra al principio de función social.
2. Dirigir la ejecución de un amplio proceso de distribución de tierras, democratizando la tenencia y redistribuyéndola entre los campesinos minifundistas, los sin tierra y todo ciudadano dispuesto a invertir y trabajar directamente la tierra.
3.
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
4.
Establecer como condiciones para la tenencia:
1. La explotación eficiente de la tierra, con la garantía del Estado de dar acceso a los factores de producción para evitar la desventaja del pequeño productor.
2. La conducción del trabajo por parte del propietario de la tierra.
3. El estricto cumplimiento de las normas ambientales.
4. El estricto cumplimiento de la normativa laboral.
Otorgar al Estado el deber de garantizar agua, soporte técnico, acceso a créditos, insumos, formación y maquinaria. Esto equivale a promover la equidad en el acceso a los factores claves de la producción.
5.
Reconocer que las tierras ociosas e improductivas deben ser gravadas por impuesto y pueden estar sujetas a expropiación y distribución.
6.
Establecer límites máximos al tamaño de la propiedad, de acuerdo a la vocación agrícola de la tierra, a su calidad y al rubro a producir. De esta manera se evitaría que las mejores tierras para la siembra intensiva sean desperdiciadas en ganadería.
7. favorecer la pequeña y mediana producción (hasta 50 hectáreas).
8. establecer la titularidad familiar de las tierras entregadas, en sustitución de la titularidad individual. Las tierras en Venezuela se suelen entregar al ‘jefe’ de la familia reforzando las desventajas de la mujer campesina.
9. Favorecer la asociación y cooperación de los pequeños productores.
10. Promover la descentralización de las decisiones sobre los problemas de la tierra.
Debe favorecer la entrega de tierras al pequeño productor, sin venta.
11. evitar la venta pura y simple de las tierras del Estado: la actual situación de pobreza extrema del medio rural impediría que esta venta favoreciera a quienes más la necesitan.
12. Reconocer y respetar el derecho ancestral de los pueblos indígenas.
Además se hace necesario que se produzca el impacto positivo en la economía rural y en la calidad de vida de las comunidades campesinas, a través de un conjunto de políticas que aborden puntos tan vitales como:
a) La soberanía alimentaria: planificar la agricultura para atender prioritariamente a toda la población, a bajo costo y en abundancia.
b) Desarrollo de la infraestructura de servicios de las zonas rurales. Sin escuelas, carreteras, luz, agua, medicaturas, etc., no se sustenta el desarrollo económico.
c) Infraestructura para la producción: regadíos, silos, molinos, etc.
Una política de créditos acorde con la realidad rural.
d) Estructuras comerciales confiables, con menos intermediarios, y con seguridad en los pagos.
e) Garantía de recuperación.
f) El Estado debe asegurar la recuperación de la inversión en caso de pérdida total de la cosecha por catástrofe. Etc.
Ahora bien, todo esto se lograría si el Estado a través de sus organismo que le compete la materia, actúen de una manera eficiente y que se identifique con los pequeños productores agrícolas otorgándoles un trato preferencial ya que son trabajadores que cuentan con pocos recursos económicos y técnicos.
METAS:
1. Elaborar un diagnostico sobre los procesos de participación popular en el campo socio jurídico y propuestas sobre la interacción Estado – comunidad en este ámbito, e iniciar la constitución del tejido primario de atención jurídica, ejecutando de manera experimental procesos de acompañamiento y asesoría jurídica en y con comunidades sobre la base de las demandas populares que permitan definir, ampliar y consolidar este tejido en el año 2011.
2. Realizar durante el año 2010, intercambios Nacionales e Internacionales que permitan generar equipos de investigación acción y la publicación desde esta plataforma organizativa sobre los procesos constituyentes originarios y populares en Nuestra América; aportando en la sistematización y socialización de información de la identidad, alcance, avances y proyección de estos procesos de cara a la emancipación e integración de nuestros pueblos.
PROPUESTAS GENERALES
1. Fomentar el desarrollo de programas de formación y capacitación a las comunidades en el campo sociojurídico que favorezca la comprensión y aprovechamiento de las leyes que propicien la participación protagónica del pueblo en las políticas públicas.
2. Acompañar en los procesos de constitución de los espacios de organizaciones sociales comunitarias como los Consejos Comunales, las Comunas, Mesas Técnicas de Tierras y grupos vulnerables, que permita lograr el ejercicio del poder constituyente y alcanzar el verdadero Poder Popular.
3. Generar campañas de difusión sobre los valores morales, conciencia cívica, principios de solidaridad humana y el sentido de la corresponsabilidad ciudadana en todo el ámbito social y las instituciones públicas, con la finalidad de contribuir a la formación del nuevo ciudadano justo, solidario y feliz.
4. Promover los nuevos modelos de producción socialistas que favorezcan el desarrollo endógeno de las comunidades, una vez transferidas la titularidad de las tierras de vocación agrícolas.
5. La capacitación, formación y orientación jurídica como aporte de conocimientos y transformaciones necesarias para la funcionalidad y efectividad de las políticas públicas.
6. Disposición de espacios en las comunidades para ejecución de enlace estado-universidad-comunidad.
7. La participación ciudadana del estado-universidad-comunidad en el proceso de construcción de las políticas sociales con la gestión pública, para buscar la solución de los diferentes problemas de la colectividad.
8. Integración de toda la población venezolana en la construcción del nuevo modelo socialista, a través de la concientización y enseñanza del proceso de transformación que vive nuestro país.
9. Fomentar que las instituciones del Estado bajen a las comunidades.
10. Creación de un sistema Bicentenario de control como herramienta para los consejos comunales o comunas y todo lo que competa a la protección social, tiene entre sus fines primordiales las funciones de: prevenir, investigar y fiscalizar los hechos que atenta contra la ética pública y moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación de las políticas públicas del Estado, igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social del trabajo.
PROPUESTAS CON RESPECTO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (TIERRAS)
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural.
Los cambios en las estructuras agrarias se imponen a partir de la aplicación de leyes destinadas a regularizar la tenencia, democratizar su acceso, y en general, asegurar un desarrollo rural integral, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable.
Es necesario que el Estado se ponga al día, de forma sistemática, en el cumplimiento de sus obligaciones técnicas y jurídicas, a fin de que los productores puedan cumplir plenamente con los preceptos que la LDTDA establece, y que permitirá el cabal cumplimiento por parte de propietarios u ocupantes de la función social de sus tierras pero que solo será posible al cumplimiento previo de las obligaciones que tiene el Estado.
Las obligaciones del Estado en materia agraria están claramente establecidas a la luz de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) promulgada en noviembre de 2001 (y reformada parcialmente en mayo de 2005), son múltiples estas obligaciones y varias de ellas deben cumplirse previo a la exigencia de los productores, sean éstos ocupantes precarios o propietarios con título suficiente, sean latifundistas o no, a pesar de cometer injusticias en algunos casos, peores a las que se quieren corregir y en consecuencia poner en riesgo el proceso de reforma y sus objetivos.
1) El Estado está obligado a elaborar y publicar los planes agroalimentarios regionales, en concordancia con los planes nacionales. Las tierras con vocación productiva deben ajustarse a estos planes, y los propietarios u ocupantes de tierras tienen el derecho de conocerlos de antemano, o de lo contario pudieran ser considerados sus predios como ociosos o incultos por no ajustarse al ordenamiento agroalimentario, tal como se infiere del artículo 104 de la norma agraria.
2) Al Estado corresponde igualmente el cálculo y la publicación del rendimiento idóneo de cada rubro de acuerdo a la vocación de uso de las tierras. Solo así se podrá considerar justa la certificación de las tierras de acuerdo a las tres categorías previstas en la ley: ociosas, mejorables o productivas. Los valores de rendimiento idóneo deben ser conocidos con suficiente antelación para que el productor pueda ajustar su producción al nivel exigido según el rubro que produce y la vocación de uso del suelo, y solicitar el tiempo que la ley le concede para cumplir con estos niveles en caso que el productor lo considere necesario.
3) Otra tarea obligante para el Estado es la conformación del Registro Agrario en los términos que la ley establece. Vale decir, el Estado debe levantar y registrar sistemáticamente la información jurídica (títulos de las tierras), física (planos de las tierras) y avaluatoria (infraestructura física y ambiental) de todos los predios rurales del estado y del país. La información del registro, eminentemente técnica, permitiría a los entes administrativos agrarios tomar decisiones objetivas, menos discrecionales, y en consecuencia, más justas.
4) Velar que todo propietario u ocupante de tierras con vocación agroalimentaria cumpla la función social de productividad agraria, que a su vez es un patrón de medición de la adecuación que existe entre la tierra y su vocación de uso, medida en términos objetivos del tipo de suelo, del rendimiento de los rubros producidos y de su ajuste a los planes agroalimentarios regionales y nacionales.
A fin de que el Estado a través de sus organismos que le compete la materia, actúen de una manera eficiente, que cumpla con la determinación previa de los rendimientos idóneos, de la vocación de uso de las tierras y de la elaboración de los planes agroalimentarios, proponemos:
1. Transferir a los Consejos Comunales o Comunas la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras.
2. Fusionar los Comités de Tierras con los Consejos Comunales.
No hay un trabajo en conjunto entre Inti-CTU-Consejo comunal.
3. Enseñar en todas las Escuelas de Agronomía, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con la problemática de la realidad agraria del país, para acercar a los futuros profesionales.
4. Integrar la Universidad Bolivariana con los Frentes Campesinos constituidos para afinar estrategias y soluciones a la problemática de la tenencia de las tierras en el Estado Carabobo.
5. Revisar proyectos de Ley y reformas introducidas a la Asamblea Nacional, para su posterior análisis y de allí crear propuestas verdaderamente idóneas parar solventar la problemática de las tierras en el Estado Carabobo.
6. Vincular con los entes del estado con las comunidades, a través de los consejos comunales y sus mesas técnicas.
7. Promover encuentro de saberes estado-universidad-comunidad.
8. Servir como enlace entre las instituciones y la comunidad y promover el conocimiento de las diferentes leyes establecidas en el país como la ley de tierras o ley de consejos comunales, entre otras.
9. Que el Instituto Nacional de Tierra se traslade a las zonas agrícolas y se reduzca los trámites burocráticos para que los productores agrarios obtengan su titularidad. Con la vinculación de la comunidad y los participantes del Programa de Formación de Estudios Jurídicos.
El incumplimiento de la función social en los términos que la ley establece por parte los productores propietarios u ocupantes de tierras agrícolas trae como consecuencia jurídica inmediata, el pago de un impuesto predial, y el rescate de las tierras o la expropiación de las mismas, pero para poder cumplir con tales obligaciones, el Estado debe, a su vez cumplir con sus obligaciones, de lo contario, se corre el riesgo de repetir los errores de los procesos reformadores de antaño, y neutralizar los efectos de una ley llamada a producir profundos cambios sociales en el campo.
Propuesta Aldea Machado Cisnero
ALDEA LUIS AUGUSTO MACHADO CISNEROS GUACARA:
DISCUSIÓN SOBRE LA TENENCIA DE TIERRA:
La estructura de la tenencia es un componente esencial del desarrollo sostenible, en el sentido de la equidad entre las generaciones. Cada generación transmite a las siguientes una tenencia con determinadas características y esto tendría que hacerse en una forma tal que favorezca la equidad intergeneracional. Tal circunstancia lleva a formular varias interrogantes, como por ejemplo: ¿no se puede pensar que, una tenencia en la cual no exista una definición clara de los derechos de propiedad o bien los derechos están definidos en forma muy asimétrica, será generadora de conflictos en el futuro? Por otra parte, siendo generalmente admitido que las explotaciones más pequeñas son las más eficientes, ¿no será una estructura ineficaz para la producción aquella en la cual se puede observar una alta concentración, lo cual limitaría la seguridad alimentaria de las siguientes generaciones?
El papel de la estructura de tenencia en la equidad intergeneracional. Varias características de la tenencia apuntan a la importancia de dicho papel. Por ejemplo, una tenencia que transmita una carga de conflictos para las siguientes generaciones aportará determinaciones negativas para la convivencia social, así como también para el desarrollo de la producción agrícola y, por consiguiente, para la seguridad alimentaría del país. Por otra parte un inadecuado tamaño de los terrenos, es decir, un predominio de explotaciones grandes, puede favorecer explotaciones de baja eficiencia y poner en peligro esta seguridad alimentaría para las generaciones futuras. Esto quiere decir que determinadas características de la tenencia refieren a una condición esencial de un desarrollo sostenible, que se puede denominar la equidad intergeneracional.
Las ciudades crecen y la demanda de alimentos aumentan, pero las zonas aptas para la agricultura disminuyen. Las nuevas poblaciones urbanas tratan de acceder a los terrenos cultivables. El valor de la tierra aumenta así como su demanda para usos no agrícolas. El entorno es sumamente competitivo y los actores que participan en la producción alimentaria urbana no siempre pueden hacer sentir sus voces. Ellos deben competir con una amplia variedad de intereses relacionados al acceso a las tierras para uso agrícola y sus cultivos rara vez son protegidos por sistemas que garantizan la tenencia. Las cuestiones de tenencia de tierras representan potencialmente una seria limitación para la producción alimentaria urbana.
TENENCIA DE TIERRAS URBANAS Y AGRÍCOLAS:
En base a la importancia que representa la tenencia de tierra y para que se respete el Derecho y buen uso de las tierras agrícolas:
El Estado debe darles de manera prioritaria apoyo a los trabajadores que no cuentan con los instrumentos necesarios para la explotación de la tierra con fines agrícolas.
• Establecer diagnósticos de las diferentes tierras para descubrir sus potencialidades y vocaciones agrícolas, para que de esta manera se evite la construcción de urbanismos desperdiciando la calidad y cualidad de las tierras para el cultivo agrícola.
• La planificación orientada a futuros de medidas preventiva, como por ejemplo la declaración de áreas para actividades específicamente agrícolas.
• Ordenar el territorio rural tomando en cuenta, entre otras variables, la productividad de la tierra, definida en función de su vocación de uso y de la eficiencia y eficacia productiva de los rubros agrícolas que se seleccionan, además del usufructo, goce o disfrute que fijen o alcancen los productores que estén asociados estrechamente con proyectos productivos dirigidos a satisfacer expectativas colectivas, garantizando el mantenimiento de las condiciones ecológicas requeridas para lograr un hábitat de calidad adecuada.
• Como condición para la tenencia de tierra se deben tener en cuenta el estricto cumplimiento de las Leyes ambientales, y el buen uso de la tierra, evitando de esta manera la sobreexplotación.
• Mejoramiento de la comunicación y fomento de intercambio de experiencias a nivel local con representantes de los entes gubernamentales.
• La descentralización y en este sentido transferir a los Concejos Municipales la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras. Si bien se ha insistido en el papel que jugaron los pactos locales en la histórica iniquidad agraria en Venezuela, el país está ahora en una situación distinta: los Concejos son elegidos democráticamente.
• Información: Siempre al referirse a este tema de la información vale la pena insistir, además, en la importancia de la formación de abogados agraristas, a partir de la enseñanza sistemática de un derecho agrario renovado en las Facultades de Derecho del país. También se debería enseñar en todas las Escuelas de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con esta problemática, para acercar a los futuros profesionales con la realidad agraria del país.
• Es vital que los Consejos Comunales como célula fundamental del Poder Popular se incorpore a la identificación de los terrenos o inmuebles dentro de su ámbito territorio que se encuentren ociosos, de manera que dichos espacios sirvan de asiento para la ejecución de proyectos de orden habitacional, social o productivos; que apunten a la satisfacción de necesidades colectivas.
Como propuesta principal:
Crear un ente estrictamente encargado de la supervisión, tramitación y penalización de los beneficios y créditos aprobados para el uso de las tierras.
Por otra parte, las llamadas invasiones:
La formación informal de viviendas conlleva entre otros:
• Ocupación ilegal de terrenos que se encuentran en propiedad pública o privada.
• A la construcción sin permiso que incluye también la pregunta de si allí se debe construir o no.
• A la no consideración de normas de construcción (estática, materiales de construcción, distancia, cantidad de pisos, conexiones a infraestructuras, entre otros)
Los mayores problemas de los propietarios de las viviendas precarias consisten en la no existencia de un título de terreno y en el miedo a no tener ningún acceso a créditos públicos en condiciones favorables para la construcción y mejora de vivienda.
Por otra parte entre los ocupantes de tierra, hay frecuentemente un grupo
viernes, 2 de abril de 2010
jueves, 1 de abril de 2010
ubvpropuestacarabobo
para la violencia ciudadana una propuesta es reeducar a los reos de manera que cuando cumplan su condena o pena puedan ser reinsersado en la sociedad y traten de no volver a tragredir las leyes y normas de la sociedad. se puede lograr con la ley de reduccion de pena por estudio y trabajo
para la violencia ciudadana una propuesta es reeducar a los reos de manera que cuando cumplan su condena o pena puedan ser reinsersado en la sociedad y traten de no volver a tragredir las leyes y normas de la sociedad. se puede lograr con la ley de reduccion de pena por estudio y trabajo
miércoles, 31 de marzo de 2010
nosotros los graduando de la ubv en el pfej debemos abocarnos a un punto social donde se le de la mayor participacion a las comunidades que durante tanto tiempo han vivido a merced del capitalismo y la decidia del estado. ahora con la puesta en marcha del plan simon Bolivar se ve que estas pueden acceder a un sistema social mas dignos, en el sentido de la seguridad ciudadana la cualse puede traducir en la no violencia familñiar, la participacion en los asuntos de politicas de estado, la tenencia de las tierras o titularidad de ellas mismas para asi poder trabajar en un plan agro alimentario para una productividad en lo que se refiere a la seguridad de la nacion por ello ya que sabemos que tanto en el campo como en la ciudad se ha explotado la fuerza de los ciudadanos para enriquecer a unos pocos, pero esto no puede seguir sucediendo. Ahora con la puesta en marcha de este plan socialista el cual se le debia al pueblo desde el fin de la lucha enmancipadora que nos dio la libertad, pero no se respetaron los acuerdos es por ello que debemos luchar para reformar, crear y fortalecer las leyes ya existentes asi, como tambien lograr que las instituciones a cargo se humanicen en elsentido de la normalizacion y reglamentacion ya quelos funcionarios tienen los vicios viejos asi ellos sean nuevos hay que crear sanciones para aquellos que no le den seguimiento a las tareas asignadas para asi poder lograr la conciencia y no entregar algo y despues olvidarse de ello. nosotros como abogados de la Republica Bolivariana de Venezuela debemos velar por el cumplimiento de todas estas normas existente y lograr que en la Asamblea Nacionl se creen leyes que se vayan adecuando a las necesidades de las comunidades y no dejar que la ley se transforme en letra muerta como ocurrio en las decadas pasadas y ahora en este proceso se está luchando para la reindivicacion del EstadoSocialista en este proceso revolucionario. ademas no basta con darle tierra a el campesino hay que darle el seguimiento para saber si se le está dando el uso para lla cual le fue asignada, por eso compañero nosotros primera cohorte de abogados socialistas debemos hacer un frente de batalla para hacer lucha contra lños viejos vicios y asi bajar la corrupcion existente hasta nuestros dias, asi podremos darle mayor seguridad a nuestra gente.
martes, 30 de marzo de 2010
PROPUESTA ENRIQUE DELGADO PALACIOS
La Universidad Bolivariana de Venezuela como órgano preparador de ideologías y la inserción de sus abogados egresados a las comunidades, para el mejoramiento y funcionamiento de las instituciones creadas por el Estado en lo que respecta en materia de contraloría social, políticas publicas, titularidad de las tierras, tenencias de las tierras, atención a grupos vulnerables, el reimpulso de lo consejos comunales, a través de la formación y atención continua a los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en las comunidades, y en el marco de cubrir sus necesidades de tipo legal (Tenencias de Tierras, Controlaría Social y participación ciudadana) que viven día a día, se plantea el reto y la posibilidad de crear un acceso directo que nos permita darles respuestas inmediatas sin tener que realizar esos procesos de tramites y trabas burocráticas que entorpecen la gestión con la utilización de los espacios que se tienen en las aldeas y en los consejos comunales, siendo necesario que los mismos representantes de la comunidad participen para ejercer el control persectivo y de control continuo mediante la aplicación de la normativa vigente .
PROPUESTAS GENERALES
1. Fomentar el desarrollo de programas de formación y capacitación a las comunidades en el campo sociojurídico que favorezca la comprensión y aprovechamiento de las leyes que propicien la participación protagónica del pueblo en las políticas públicas.
2. Acompañar en los procesos de constitución de los espacios de organizaciones sociales comunitarias como los Consejos Comunales, las Comunas, Mesas Técnicas de Tierras y grupos vulnerables, que permita lograr el ejercicio del poder constituyente y alcanzar el verdadero Poder Popular.
3. Generar campañas de difusión sobre los valores morales, conciencia cívica, principios de solidaridad humana y el sentido de la corresponsabilidad ciudadana en todo el ámbito social y las instituciones públicas, con la finalidad de contribuir a la formación del nuevo ciudadano justo, solidario y feliz.
4. Promover los nuevos modelos de producción socialistas que favorezcan el desarrollo endógeno de las comunidades, una vez transferidas la titularidad de las tierras de vocación agrícolas.
5. La capacitación, formación y orientación jurídica como aporte de conocimientos y transformaciones necesarias para la funcionalidad y efectividad de las políticas públicas.
6. Disposición de espacios en las comunidades para ejecución de enlace estado-universidad-comunidad.
7. La participación ciudadana del estado-universidad-comunidad en el proceso de construcción de las políticas sociales con la gestión pública, para buscar la solución de los diferentes problemas de la colectividad.
PROPUESTAS CON RESPECTO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (TIERRAS)
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
Los cambios en las estructuras agrarias se imponen a partir de la aplicación de leyes destinadas a regularizar la tenencia, democratizar su acceso, y en general, asegurar un desarrollo rural integral, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable.
Es necesario que el Estado se ponga al día, de forma sistemática, en el cumplimiento de sus obligaciones técnicas y jurídicas, a fin de que los productores puedan cumplir plenamente con los preceptos que la LDTDA establece, y que permitirá el cabal cumplimiento por parte de propietarios u ocupantes de la función social de sus tierras pero que solo será posible al cumplimiento previo de las obligaciones que tiene el Estado.
Las obligaciones del Estado en materia agraria están claramente establecidas a la luz de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) promulgada en noviembre de 2001 (y reformada parcialmente en mayo de 2005), son múltiples estas obligaciones y varias de ellas deben cumplirse previo a la exigencia de los productores, sean éstos ocupantes precarios o propietarios con título suficiente, sean latifundistas o no, a pesar de cometer injusticias en algunos casos, peores a las que se quieren corregir y en consecuencia poner en riesgo el proceso de reforma y sus objetivos.
1) El Estado está obligado a elaborar y publicar los planes agroalimentarios regionales, en concordancia con los planes nacionales. Las tierras con vocación productiva deben ajustarse a estos planes, y los propietarios u ocupantes de tierras tienen el derecho de conocerlos de antemano, o de lo contario pudieran ser considerados sus predios como ociosos o incultos por no ajustarse al ordenamiento agroalimentario, tal como se infiere del artículo 104 de la norma agraria.
2) Al Estado corresponde igualmente el cálculo y la publicación del rendimiento idóneo de cada rubro de acuerdo a la vocación de uso de las tierras. Solo así se podrá considerar justa la certificación de las tierras de acuerdo a las tres categorías previstas en la ley: ociosas, mejorables o productivas. Los valores de rendimiento idóneo deben ser conocidos con suficiente antelación para que el productor pueda ajustar su producción al nivel exigido según el rubro que produce y la vocación de uso del suelo, y solicitar el tiempo que la ley le concede para cumplir con estos niveles en caso que el productor lo considere necesario.
3) Otra tarea obligante para el Estado es la conformación del Registro Agrario en los términos que la ley establece. Vale decir, el Estado debe levantar y registrar sistemáticamente la información jurídica (títulos de las tierras), física (planos de las tierras) y avaluatoria (infraestructura física y ambiental) de todos los predios rurales del estado y del país. La información del registro, eminentemente técnica, permitiría a los entes administrativos agrarios tomar decisiones objetivas, menos discrecionales, y en consecuencia, más justas.
4) Velar que todo propietario u ocupante de tierras con vocación agroalimentaria cumpla la función social de productividad agraria, que a su vez es un patrón de medición de la adecuación que existe entre la tierra y su vocación de uso, medida en términos objetivos del tipo de suelo, del rendimiento de los rubros producidos y de su ajuste a los planes agroalimentarios regionales y nacionales.
A fin de que el Estado a través de sus organismos que le compete la materia, actúen de una manera eficiente, que cumpla con la determinación previa de los rendimientos idóneos, de la vocación de uso de las tierras y de la elaboración de los planes agroalimentarios, proponemos:
1. Transferir a los Concejos Comunales o Comunas la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras.
2. Fusionar los Comités de Tierras con los Consejos Comunales.
No hay un trabajo en conjunto entre Inti-CTU-Consejo comunal.
3. Enseñar en todas las Escuelas de Agronomía, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con la problemática de la realidad agraria del país, para acercar a los futuros profesionales.
4. Integrar la Universidad Bolivariana con los Frentes Campesinos constituidos para afinar estrategias y soluciones a la problemática de la tenencia de las tierras en el Estado Carabobo.
5. Revisar proyectos de Ley y reformas introducidas a la Asamblea Nacional, para su posterior análisis y de allí crear propuestas verdaderamente idóneas parar solventar la problemática de las tierras en el Estado Carabobo.
6. Vincular con los entes del estado con las comunidades, a través de los consejos comunales y sus mesas técnicas.
7. Promover encuentro de saberes estado-universidad-comunidad.
El incumplimiento de la función social en los términos que la ley establece por parte los productores propietarios u ocupantes de tierras agrícolas trae como consecuencia jurídica inmediata, el pago de un impuesto predial, y el rescate de las tierras o la expropiación de las mismas, pero para poder cumplir con tales obligaciones, el Estado debe, a su vez cumplir con sus obligaciones, de lo contario, se corre el riesgo de repetir los errores de los procesos reformadores de antaño, y neutralizar los efectos de una ley llamada a producir profundos cambios sociales en el campo.
La Universidad Bolivariana de Venezuela como órgano preparador de ideologías y la inserción de sus abogados egresados a las comunidades, para el mejoramiento y funcionamiento de las instituciones creadas por el Estado en lo que respecta en materia de contraloría social, políticas publicas, titularidad de las tierras, tenencias de las tierras, atención a grupos vulnerables, el reimpulso de lo consejos comunales, a través de la formación y atención continua a los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en las comunidades, y en el marco de cubrir sus necesidades de tipo legal (Tenencias de Tierras, Controlaría Social y participación ciudadana) que viven día a día, se plantea el reto y la posibilidad de crear un acceso directo que nos permita darles respuestas inmediatas sin tener que realizar esos procesos de tramites y trabas burocráticas que entorpecen la gestión con la utilización de los espacios que se tienen en las aldeas y en los consejos comunales, siendo necesario que los mismos representantes de la comunidad participen para ejercer el control persectivo y de control continuo mediante la aplicación de la normativa vigente .
PROPUESTAS GENERALES
1. Fomentar el desarrollo de programas de formación y capacitación a las comunidades en el campo sociojurídico que favorezca la comprensión y aprovechamiento de las leyes que propicien la participación protagónica del pueblo en las políticas públicas.
2. Acompañar en los procesos de constitución de los espacios de organizaciones sociales comunitarias como los Consejos Comunales, las Comunas, Mesas Técnicas de Tierras y grupos vulnerables, que permita lograr el ejercicio del poder constituyente y alcanzar el verdadero Poder Popular.
3. Generar campañas de difusión sobre los valores morales, conciencia cívica, principios de solidaridad humana y el sentido de la corresponsabilidad ciudadana en todo el ámbito social y las instituciones públicas, con la finalidad de contribuir a la formación del nuevo ciudadano justo, solidario y feliz.
4. Promover los nuevos modelos de producción socialistas que favorezcan el desarrollo endógeno de las comunidades, una vez transferidas la titularidad de las tierras de vocación agrícolas.
5. La capacitación, formación y orientación jurídica como aporte de conocimientos y transformaciones necesarias para la funcionalidad y efectividad de las políticas públicas.
6. Disposición de espacios en las comunidades para ejecución de enlace estado-universidad-comunidad.
7. La participación ciudadana del estado-universidad-comunidad en el proceso de construcción de las políticas sociales con la gestión pública, para buscar la solución de los diferentes problemas de la colectividad.
PROPUESTAS CON RESPECTO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (TIERRAS)
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
Los cambios en las estructuras agrarias se imponen a partir de la aplicación de leyes destinadas a regularizar la tenencia, democratizar su acceso, y en general, asegurar un desarrollo rural integral, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable.
Es necesario que el Estado se ponga al día, de forma sistemática, en el cumplimiento de sus obligaciones técnicas y jurídicas, a fin de que los productores puedan cumplir plenamente con los preceptos que la LDTDA establece, y que permitirá el cabal cumplimiento por parte de propietarios u ocupantes de la función social de sus tierras pero que solo será posible al cumplimiento previo de las obligaciones que tiene el Estado.
Las obligaciones del Estado en materia agraria están claramente establecidas a la luz de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) promulgada en noviembre de 2001 (y reformada parcialmente en mayo de 2005), son múltiples estas obligaciones y varias de ellas deben cumplirse previo a la exigencia de los productores, sean éstos ocupantes precarios o propietarios con título suficiente, sean latifundistas o no, a pesar de cometer injusticias en algunos casos, peores a las que se quieren corregir y en consecuencia poner en riesgo el proceso de reforma y sus objetivos.
1) El Estado está obligado a elaborar y publicar los planes agroalimentarios regionales, en concordancia con los planes nacionales. Las tierras con vocación productiva deben ajustarse a estos planes, y los propietarios u ocupantes de tierras tienen el derecho de conocerlos de antemano, o de lo contario pudieran ser considerados sus predios como ociosos o incultos por no ajustarse al ordenamiento agroalimentario, tal como se infiere del artículo 104 de la norma agraria.
2) Al Estado corresponde igualmente el cálculo y la publicación del rendimiento idóneo de cada rubro de acuerdo a la vocación de uso de las tierras. Solo así se podrá considerar justa la certificación de las tierras de acuerdo a las tres categorías previstas en la ley: ociosas, mejorables o productivas. Los valores de rendimiento idóneo deben ser conocidos con suficiente antelación para que el productor pueda ajustar su producción al nivel exigido según el rubro que produce y la vocación de uso del suelo, y solicitar el tiempo que la ley le concede para cumplir con estos niveles en caso que el productor lo considere necesario.
3) Otra tarea obligante para el Estado es la conformación del Registro Agrario en los términos que la ley establece. Vale decir, el Estado debe levantar y registrar sistemáticamente la información jurídica (títulos de las tierras), física (planos de las tierras) y avaluatoria (infraestructura física y ambiental) de todos los predios rurales del estado y del país. La información del registro, eminentemente técnica, permitiría a los entes administrativos agrarios tomar decisiones objetivas, menos discrecionales, y en consecuencia, más justas.
4) Velar que todo propietario u ocupante de tierras con vocación agroalimentaria cumpla la función social de productividad agraria, que a su vez es un patrón de medición de la adecuación que existe entre la tierra y su vocación de uso, medida en términos objetivos del tipo de suelo, del rendimiento de los rubros producidos y de su ajuste a los planes agroalimentarios regionales y nacionales.
A fin de que el Estado a través de sus organismos que le compete la materia, actúen de una manera eficiente, que cumpla con la determinación previa de los rendimientos idóneos, de la vocación de uso de las tierras y de la elaboración de los planes agroalimentarios, proponemos:
1. Transferir a los Concejos Comunales o Comunas la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras.
2. Fusionar los Comités de Tierras con los Consejos Comunales.
No hay un trabajo en conjunto entre Inti-CTU-Consejo comunal.
3. Enseñar en todas las Escuelas de Agronomía, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con la problemática de la realidad agraria del país, para acercar a los futuros profesionales.
4. Integrar la Universidad Bolivariana con los Frentes Campesinos constituidos para afinar estrategias y soluciones a la problemática de la tenencia de las tierras en el Estado Carabobo.
5. Revisar proyectos de Ley y reformas introducidas a la Asamblea Nacional, para su posterior análisis y de allí crear propuestas verdaderamente idóneas parar solventar la problemática de las tierras en el Estado Carabobo.
6. Vincular con los entes del estado con las comunidades, a través de los consejos comunales y sus mesas técnicas.
7. Promover encuentro de saberes estado-universidad-comunidad.
El incumplimiento de la función social en los términos que la ley establece por parte los productores propietarios u ocupantes de tierras agrícolas trae como consecuencia jurídica inmediata, el pago de un impuesto predial, y el rescate de las tierras o la expropiación de las mismas, pero para poder cumplir con tales obligaciones, el Estado debe, a su vez cumplir con sus obligaciones, de lo contario, se corre el riesgo de repetir los errores de los procesos reformadores de antaño, y neutralizar los efectos de una ley llamada a producir profundos cambios sociales en el campo.
jueves, 25 de marzo de 2010
PROPUESTA "HIPOLITO CISNERO" SAN DIEGO
El termino del control de cuentas proporciona al proceso de seguimiento de Políticas Públicas, objetivos y metas, plasmados en leyes,reglamentos, decretos, planes, programas y proyectos. Esta definición, se asocia a la organización racional de los recursos con el fin de alcanzar las condiciones más óptimas de un objetivo determinado.
Para lograr las metas establecidas anteriormente presentamos la propuesta de la creación del SISTEMA BICENTENARIO DE CONTRALORÍA NACIONAL AUTÓNOMA SOCIALISTA para los Consejos Comunales o Comunas y todo lo que competa a la protección social, tiene entre sus fines primordiales la protección de los recursos financieros destinados para la ejecución de las Políticas Públicas y consecuencialmente producir beneficios a las comunidades; es decir, esta implicita la propuesta dentro de las políticas de seguridad de estado. En sus funciones estan las de: Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la cuidadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
miércoles, 24 de marzo de 2010
Reunión con la Coordinadora Julia Cárdenas
Buen día....
Reunión Jueves 25 de marzo del 2010
Lugar: Ince de la Av. Lara.
Hora: 9 de la mañana.
Reunión Jueves 25 de marzo del 2010
Lugar: Ince de la Av. Lara.
Hora: 9 de la mañana.
Propuesta Aldea Machado Cisnero
ALDEA LUIS AUGUSTO MACHADO CISNEROS GUACARA:
DISCUSIÓN SOBRE LA TENENCIA DE TIERRA:
La estructura de la tenencia es un componente esencial del desarrollo sostenible, en el sentido de la equidad entre las generaciones. Cada generación transmite a las siguientes una tenencia con determinadas características y esto tendría que hacerse en una forma tal que favorezca la equidad intergeneracional. Tal circunstancia lleva a formular varias interrogantes, como por ejemplo: ¿no se puede pensar que, una tenencia en la cual no exista una definición clara de los derechos de propiedad o bien los derechos están definidos en forma muy asimétrica, será generadora de conflictos en el futuro? Por otra parte, siendo generalmente admitido que las explotaciones más pequeñas son las más eficientes, ¿no será una estructura ineficaz para la producción aquella en la cual se puede observar una alta concentración, lo cual limitaría la seguridad alimentaria de las siguientes generaciones?
El papel de la estructura de tenencia en la equidad intergeneracional. Varias características de la tenencia apuntan a la importancia de dicho papel. Por ejemplo, una tenencia que transmita una carga de conflictos para las siguientes generaciones aportará determinaciones negativas para la convivencia social, así como también para el desarrollo de la producción agrícola y, por consiguiente, para la seguridad alimentaría del país. Por otra parte un inadecuado tamaño de los terrenos, es decir, un predominio de explotaciones grandes, puede favorecer explotaciones de baja eficiencia y poner en peligro esta seguridad alimentaría para las generaciones futuras. Esto quiere decir que determinadas características de la tenencia refieren a una condición esencial de un desarrollo sostenible, que se puede denominar la equidad intergeneracional.
Las ciudades crecen y la demanda de alimentos aumentan, pero las zonas aptas para la agricultura disminuyen. Las nuevas poblaciones urbanas tratan de acceder a los terrenos cultivables. El valor de la tierra aumenta así como su demanda para usos no agrícolas. El entorno es sumamente competitivo y los actores que participan en la producción alimentaria urbana no siempre pueden hacer sentir sus voces. Ellos deben competir con una amplia variedad de intereses relacionados al acceso a las tierras para uso agrícola y sus cultivos rara vez son protegidos por sistemas que garantizan la tenencia. Las cuestiones de tenencia de tierras representan potencialmente una seria limitación para la producción alimentaria urbana.
TENENCIA DE TIERRAS URBANAS Y AGRÍCOLAS:
En base a la importancia que representa la tenencia de tierra y para que se respete el Derecho y buen uso de las tierras agrícolas:
El Estado debe darles de manera prioritaria apoyo a los trabajadores que no cuentan con los instrumentos necesarios para la explotación de la tierra con fines agrícolas.
• Establecer diagnósticos de las diferentes tierras para descubrir sus potencialidades y vocaciones agrícolas, para que de esta manera se evite la construcción de urbanismos desperdiciando la calidad y cualidad de las tierras para el cultivo agrícola.
• La planificación orientada a futuros de medidas preventiva, como por ejemplo la declaración de áreas para actividades específicamente agrícolas.
• Ordenar el territorio rural tomando en cuenta, entre otras variables, la productividad de la tierra, definida en función de su vocación de uso y de la eficiencia y eficacia productiva de los rubros agrícolas que se seleccionan, además del usufructo, goce o disfrute que fijen o alcancen los productores que estén asociados estrechamente con proyectos productivos dirigidos a satisfacer expectativas colectivas, garantizando el mantenimiento de las condiciones ecológicas requeridas para lograr un hábitat de calidad adecuada.
• Como condición para la tenencia de tierra se deben tener en cuenta el estricto cumplimiento de las Leyes ambientales, y el buen uso de la tierra, evitando de esta manera la sobreexplotación.
• Mejoramiento de la comunicación y fomento de intercambio de experiencias a nivel local con representantes de los entes gubernamentales.
• La descentralización y en este sentido transferir a los Concejos Municipales la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras. Si bien se ha insistido en el papel que jugaron los pactos locales en la histórica iniquidad agraria en Venezuela, el país está ahora en una situación distinta: los Concejos son elegidos democráticamente.
• Información: Siempre al referirse a este tema de la información vale la pena insistir, además, en la importancia de la formación de abogados agraristas, a partir de la enseñanza sistemática de un derecho agrario renovado en las Facultades de Derecho del país. También se debería enseñar en todas las Escuelas de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con esta problemática, para acercar a los futuros profesionales con la realidad agraria del país.
• Es vital que los Consejos Comunales como célula fundamental del Poder Popular se incorpore a la identificación de los terrenos o inmuebles dentro de su ámbito territorio que se encuentren ociosos, de manera que dichos espacios sirvan de asiento para la ejecución de proyectos de orden habitacional, social o productivos; que apunten a la satisfacción de necesidades colectivas.
Como propuesta principal:
Crear un ente estrictamente encargado de la supervisión, tramitación y penalización de los beneficios y créditos aprobados para el uso de las tierras.
Por otra parte, las llamadas invasiones:
La formación informal de viviendas conlleva entre otros:
• Ocupación ilegal de terrenos que se encuentran en propiedad pública o privada.
• A la construcción sin permiso que incluye también la pregunta de si allí se debe construir o no.
• A la no consideración de normas de construcción (estática, materiales de construcción, distancia, cantidad de pisos, conexiones a infraestructuras, entre otros)
Los mayores problemas de los propietarios de las viviendas precarias consisten en la no existencia de un título de terreno y en el miedo a no tener ningún acceso a créditos públicos en condiciones favorables para la construcción y mejora de vivienda.
Por otra parte entre los ocupantes de tierra, hay frecuentemente un grupo pequeño de personas que practica la toma de tierras profesionalmente y consiste en ocupar una parcela en las invasiones de tierras, pero solo permanecen allí hasta que las parcelas ocupadas por ellos ganan valor a través de medidas de regularización o legalización y entonces la venden y tan pronto han vendido su parcela en un asentamiento consolidado, ocupan otra parte de una nueva tierra para así volver a venderlo.
Si se planifican los asentamientos de familias de bajos ingresos con seguridad de tenencia de la tierra se le da a estos asentamientos un estatus formal desde el inicio.
DISCUSIÓN SOBRE LA TENENCIA DE TIERRA:
La estructura de la tenencia es un componente esencial del desarrollo sostenible, en el sentido de la equidad entre las generaciones. Cada generación transmite a las siguientes una tenencia con determinadas características y esto tendría que hacerse en una forma tal que favorezca la equidad intergeneracional. Tal circunstancia lleva a formular varias interrogantes, como por ejemplo: ¿no se puede pensar que, una tenencia en la cual no exista una definición clara de los derechos de propiedad o bien los derechos están definidos en forma muy asimétrica, será generadora de conflictos en el futuro? Por otra parte, siendo generalmente admitido que las explotaciones más pequeñas son las más eficientes, ¿no será una estructura ineficaz para la producción aquella en la cual se puede observar una alta concentración, lo cual limitaría la seguridad alimentaria de las siguientes generaciones?
El papel de la estructura de tenencia en la equidad intergeneracional. Varias características de la tenencia apuntan a la importancia de dicho papel. Por ejemplo, una tenencia que transmita una carga de conflictos para las siguientes generaciones aportará determinaciones negativas para la convivencia social, así como también para el desarrollo de la producción agrícola y, por consiguiente, para la seguridad alimentaría del país. Por otra parte un inadecuado tamaño de los terrenos, es decir, un predominio de explotaciones grandes, puede favorecer explotaciones de baja eficiencia y poner en peligro esta seguridad alimentaría para las generaciones futuras. Esto quiere decir que determinadas características de la tenencia refieren a una condición esencial de un desarrollo sostenible, que se puede denominar la equidad intergeneracional.
Las ciudades crecen y la demanda de alimentos aumentan, pero las zonas aptas para la agricultura disminuyen. Las nuevas poblaciones urbanas tratan de acceder a los terrenos cultivables. El valor de la tierra aumenta así como su demanda para usos no agrícolas. El entorno es sumamente competitivo y los actores que participan en la producción alimentaria urbana no siempre pueden hacer sentir sus voces. Ellos deben competir con una amplia variedad de intereses relacionados al acceso a las tierras para uso agrícola y sus cultivos rara vez son protegidos por sistemas que garantizan la tenencia. Las cuestiones de tenencia de tierras representan potencialmente una seria limitación para la producción alimentaria urbana.
TENENCIA DE TIERRAS URBANAS Y AGRÍCOLAS:
En base a la importancia que representa la tenencia de tierra y para que se respete el Derecho y buen uso de las tierras agrícolas:
El Estado debe darles de manera prioritaria apoyo a los trabajadores que no cuentan con los instrumentos necesarios para la explotación de la tierra con fines agrícolas.
• Establecer diagnósticos de las diferentes tierras para descubrir sus potencialidades y vocaciones agrícolas, para que de esta manera se evite la construcción de urbanismos desperdiciando la calidad y cualidad de las tierras para el cultivo agrícola.
• La planificación orientada a futuros de medidas preventiva, como por ejemplo la declaración de áreas para actividades específicamente agrícolas.
• Ordenar el territorio rural tomando en cuenta, entre otras variables, la productividad de la tierra, definida en función de su vocación de uso y de la eficiencia y eficacia productiva de los rubros agrícolas que se seleccionan, además del usufructo, goce o disfrute que fijen o alcancen los productores que estén asociados estrechamente con proyectos productivos dirigidos a satisfacer expectativas colectivas, garantizando el mantenimiento de las condiciones ecológicas requeridas para lograr un hábitat de calidad adecuada.
• Como condición para la tenencia de tierra se deben tener en cuenta el estricto cumplimiento de las Leyes ambientales, y el buen uso de la tierra, evitando de esta manera la sobreexplotación.
• Mejoramiento de la comunicación y fomento de intercambio de experiencias a nivel local con representantes de los entes gubernamentales.
• La descentralización y en este sentido transferir a los Concejos Municipales la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras. Si bien se ha insistido en el papel que jugaron los pactos locales en la histórica iniquidad agraria en Venezuela, el país está ahora en una situación distinta: los Concejos son elegidos democráticamente.
• Información: Siempre al referirse a este tema de la información vale la pena insistir, además, en la importancia de la formación de abogados agraristas, a partir de la enseñanza sistemática de un derecho agrario renovado en las Facultades de Derecho del país. También se debería enseñar en todas las Escuelas de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con esta problemática, para acercar a los futuros profesionales con la realidad agraria del país.
• Es vital que los Consejos Comunales como célula fundamental del Poder Popular se incorpore a la identificación de los terrenos o inmuebles dentro de su ámbito territorio que se encuentren ociosos, de manera que dichos espacios sirvan de asiento para la ejecución de proyectos de orden habitacional, social o productivos; que apunten a la satisfacción de necesidades colectivas.
Como propuesta principal:
Crear un ente estrictamente encargado de la supervisión, tramitación y penalización de los beneficios y créditos aprobados para el uso de las tierras.
Por otra parte, las llamadas invasiones:
La formación informal de viviendas conlleva entre otros:
• Ocupación ilegal de terrenos que se encuentran en propiedad pública o privada.
• A la construcción sin permiso que incluye también la pregunta de si allí se debe construir o no.
• A la no consideración de normas de construcción (estática, materiales de construcción, distancia, cantidad de pisos, conexiones a infraestructuras, entre otros)
Los mayores problemas de los propietarios de las viviendas precarias consisten en la no existencia de un título de terreno y en el miedo a no tener ningún acceso a créditos públicos en condiciones favorables para la construcción y mejora de vivienda.
Por otra parte entre los ocupantes de tierra, hay frecuentemente un grupo pequeño de personas que practica la toma de tierras profesionalmente y consiste en ocupar una parcela en las invasiones de tierras, pero solo permanecen allí hasta que las parcelas ocupadas por ellos ganan valor a través de medidas de regularización o legalización y entonces la venden y tan pronto han vendido su parcela en un asentamiento consolidado, ocupan otra parte de una nueva tierra para así volver a venderlo.
Si se planifican los asentamientos de familias de bajos ingresos con seguridad de tenencia de la tierra se le da a estos asentamientos un estatus formal desde el inicio.
martes, 23 de marzo de 2010
CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA – MISIÓN SUCRE
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS
PROYECTO:
“CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA”
PROPUESTA CONSTRUIDA POR:
LA PRIMERA PROMOCIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS
DE LA MODALIDAD COMBINADA DE ALDEAS MUNICIPALIZADAS
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA – MISIÓN SUCRE
ABRIL - 2010
Cuando el pueblo, por medio de la instrucción, sepa
lo que son sus deberes y derechos
habremos consolidado
la República.
Simon Bolivar
INTRODUCCIÓN
El Proyecto que contiene este documento es una propuesta a nuestro querido Pueblo de la Republica Bolivariana de Venezuela y ha sido elaborado a partir de nuestras experiencias en el proceso de formación en la aplicación de la metodología I.A.P impulsad a por la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, la disertación de saberes y el avance de nuestro trabajo en y con las comunidades; permitió profundizar en la comprensión y la meditación de nuestra realidad sobre la justicia, los riesgos para alcanzar la atención jurídica y su concordancia con el procedimiento judicial; así como el rendimiento de las políticas públicas en el abordaje de las inseguridades socio-jurídicas existentes.
Asumiendo la lucha que como hijos de este pueblo, que nos permitió formarnos para empoderarse de las técnicas necesarias para la transformación de las normas de convivencia establecidas hasta ahora con algunas limitantes de acceso a este, en normas más cercanas a la realidad social de las comunidades; hemos recopilado y llevado registro de nuestra experiencia conjunta la cual plasmamos para así exponer ante el soberano una alternativa de solución a los conflictos que viene soportando por la desidia de la clase colonial-burguesa imperialista que nos había dominado y que venceremos estableciendo un Estado Social de Derecho y de Justicia.
Desaprender para aprender haciendo conjuntamente, en la conjugación estudiante – docente – comunidad y construir desde la realidad social un nuevo modelo de justicia, que bajo la legislación popular democrática, participativa y protagónica impulse la transformación real de un nuevo Ser Social Humano. Lo aquí expuesto es el reflejo de los que conjuntamente realizamos y que nos ayuda a nosotros los estudiantes a crecer en lo individual para construir en colectivo, esperando sea recibido como una contribución de las y los graduandos de la primera promoción de abogados y abogadas de la modalidad combinada de aldeas municipalizadas Universidad Bolivariana de Venezuela – Misión Sucre, acorde con la actual corriente histórica de procesos constituyentes de nuestros pueblos: “…., entre los cuales se destaca el tema del presidencialismo latinoamericano, la responsabilidad del Congreso y la reforma de la rama judicial, siendo esta última el aspecto de mayor urgencia en la renovacióninstitucional”.
Presentamos como propuesta: CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA, pretendiendo con sencillez plasmar los conocimientos, experiencias e ideas que hemos construido en conjunto con las comunidades, convertidas en un proyecto que esperamos sirva a la transformación socialista de la realidad socio jurídica venezolana, de cara a las exigencias de justicia de nuestra patria.
“CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA”
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la participación popular en la transformación de la realidad socio-jurídica local, regional y nacional para el logro de los derechos y de la justicia socio - comunitaria, ahondando en los procesos de construcción de los colectivos para la promoción del Poder Constituyente de comunidades y movimientos sociales con el fin de apuntalar una tribuna popular legislativa social, y el desarrollo de procesos dirigidos a la atención jurídica gratuita e integral de las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades, orientados a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia, construyendo una tejido primario de justicia social - comunitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aportar en el campo socio jurídico a los ejercicios de poder constituyente desde lo local, hasta lo internacional.
Promover el estudio, difusión y desarrollo del nuevo derecho, de los procesos constituyentes populares.
Promover y apoyar los procesos de construcción de normativas de la comunidad, sectores u organizaciones sociales como Derecho Comunitario.
Contribuir a la articulación y construcción de tejidos del poder constituyentecomunitario, en función de fortalecer su participación en las políticas públicas y procesos legislativos municipales, estadales y nacionales, fomentando el parlamentarismo social.
Ampliar los procesos de educación y de información en el campo jurídico, favoreciendo la interpretación y empoderamiento popular de las leyes, apoyados en la nueva plataforma de universidad municipalizada.
Fortalecer procesos de investigación acción participativa que favorezcan la sistematización de las experiencias y conocimientos populares de las prácticas orientadas al ejercicio del poder constituyente.
Contribuir en la consolidación de la Democracia Protagónica Revolucionaria planteada en el Primer Plan Socialista Libertador Simón Bolívar, el ejercicio directo de la soberanía sobre los asuntos públicos, especialmente mediante la promoción de la participación popular en la construcción de las leyes y políticas públicas del área jurídica.
Apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento de los espacios de organización y ejercicio de poder comunitario como son los consejos comunales y las comunas, favoreciendo sus ejercicios de poder constituyente.
Brindar apoyo a los espacios de participación popular en el campo socio–jurídico, como las Mesas Técnicas y Comisiones Jurídicas (o de justicia) de los Consejos Comunales y organizaciones o sectores sociales.
Brindar a las comunidades, movimientos, sectores y organizaciones sociales, así como a los consejos populares de trabajadores, campesinos, estudiantes, entre otros, apoyo en el campo socio-jurídico, en lo atinente a sus demandas sociales de transformación del ordenamiento jurídico, en la reivindicación de sus derechos sociales o colectivos, en las acciones frente a la criminalización de las luchas populares y contra la impunidad de la elite burguesa.
Promover el acceso a servicios profesionales en el campo jurídico, favoreciendo la creación de un tejido primario de atención jurídica gratuita, desde las comunidades, sectores y organizaciones sociales.
Organizar procesos de formación y prácticas tendientes a contribuir con el desmonte del Estado colonial – burgués, con las políticas de Estado destinadas a la promoción de la inclusión social, específicamente en el campo socio-jurídico, generando rupturas con las lógicas de exclusión centro – periferia, conforme a la cual las instituciones funcionan centralizadamente y sólo las personas que llegan hasta ellas son atendidas.
Difundir campañas, apoyando las políticas de Estado, que formulan proyectos dirigidos a favorecer la resolución de los conflictos entre las personas.
Promover propuestas desde el poder popular para el ajuste del sistema de justicia venezolano a las demandas de justicia social y exigencias frente a la impunidad.
METAS
Consolidación de una Tribuna Popular legislativa Social.
Creación de un tejido Primario de Atención Jurídica socio- comunitaria
Crear un colectivo de promoción nacional e Internacional de Investigación Acción Participativa sobre Poder Constituyente.
METAS 2010
Local :
Elaborar y Presentar a los Consejos Municipales durante el año 2010 anteproyectos de leyes que contribuyan con el reto planteado por el Presidente de la República de crear leyes populares, revolucionarias, para poner al día toda la legislación con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Regional:
Durante el año 2010 se plantea elaborar un diagnostico sobre los procesos de participación popular en el campo socio jurídico y propuestas sobre la interacción Estado – comunidad en este ámbito, e iniciar la constitución del tejido primario de atención jurídica, ejecutando de manera experimental procesos de acompañamiento y asesoría jurídica en y con comunidades sobre la base de las demandas populares que permitan definir, ampliar y consolidar este tejido en el año 2011.
Nacionales e Internacionales:
Realizar durante el año 2010, intercambios Nacionales e Internacionales que permitan generar equipos de investigación acción y la publicación desde esta plataforma organizativa sobre los procesos constituyentes originarios y populares en Nuestra América; aportando en la sistematización y socialización de información de la identidad, alcance, avances y proyección de estos procesos de cara a la emancipación e integración de nuestros pueblos.
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA – MISIÓN SUCRE
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS
PROYECTO:
“CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA”
PROPUESTA CONSTRUIDA POR:
LA PRIMERA PROMOCIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS
DE LA MODALIDAD COMBINADA DE ALDEAS MUNICIPALIZADAS
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA – MISIÓN SUCRE
ABRIL - 2010
Cuando el pueblo, por medio de la instrucción, sepa
lo que son sus deberes y derechos
habremos consolidado
la República.
Simon Bolivar
INTRODUCCIÓN
El Proyecto que contiene este documento es una propuesta a nuestro querido Pueblo de la Republica Bolivariana de Venezuela y ha sido elaborado a partir de nuestras experiencias en el proceso de formación en la aplicación de la metodología I.A.P impulsad a por la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, la disertación de saberes y el avance de nuestro trabajo en y con las comunidades; permitió profundizar en la comprensión y la meditación de nuestra realidad sobre la justicia, los riesgos para alcanzar la atención jurídica y su concordancia con el procedimiento judicial; así como el rendimiento de las políticas públicas en el abordaje de las inseguridades socio-jurídicas existentes.
Asumiendo la lucha que como hijos de este pueblo, que nos permitió formarnos para empoderarse de las técnicas necesarias para la transformación de las normas de convivencia establecidas hasta ahora con algunas limitantes de acceso a este, en normas más cercanas a la realidad social de las comunidades; hemos recopilado y llevado registro de nuestra experiencia conjunta la cual plasmamos para así exponer ante el soberano una alternativa de solución a los conflictos que viene soportando por la desidia de la clase colonial-burguesa imperialista que nos había dominado y que venceremos estableciendo un Estado Social de Derecho y de Justicia.
Desaprender para aprender haciendo conjuntamente, en la conjugación estudiante – docente – comunidad y construir desde la realidad social un nuevo modelo de justicia, que bajo la legislación popular democrática, participativa y protagónica impulse la transformación real de un nuevo Ser Social Humano. Lo aquí expuesto es el reflejo de los que conjuntamente realizamos y que nos ayuda a nosotros los estudiantes a crecer en lo individual para construir en colectivo, esperando sea recibido como una contribución de las y los graduandos de la primera promoción de abogados y abogadas de la modalidad combinada de aldeas municipalizadas Universidad Bolivariana de Venezuela – Misión Sucre, acorde con la actual corriente histórica de procesos constituyentes de nuestros pueblos: “…., entre los cuales se destaca el tema del presidencialismo latinoamericano, la responsabilidad del Congreso y la reforma de la rama judicial, siendo esta última el aspecto de mayor urgencia en la renovacióninstitucional”.
Presentamos como propuesta: CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA, pretendiendo con sencillez plasmar los conocimientos, experiencias e ideas que hemos construido en conjunto con las comunidades, convertidas en un proyecto que esperamos sirva a la transformación socialista de la realidad socio jurídica venezolana, de cara a las exigencias de justicia de nuestra patria.
“CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA”
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la participación popular en la transformación de la realidad socio-jurídica local, regional y nacional para el logro de los derechos y de la justicia socio - comunitaria, ahondando en los procesos de construcción de los colectivos para la promoción del Poder Constituyente de comunidades y movimientos sociales con el fin de apuntalar una tribuna popular legislativa social, y el desarrollo de procesos dirigidos a la atención jurídica gratuita e integral de las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades, orientados a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia, construyendo una tejido primario de justicia social - comunitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aportar en el campo socio jurídico a los ejercicios de poder constituyente desde lo local, hasta lo internacional.
Promover el estudio, difusión y desarrollo del nuevo derecho, de los procesos constituyentes populares.
Promover y apoyar los procesos de construcción de normativas de la comunidad, sectores u organizaciones sociales como Derecho Comunitario.
Contribuir a la articulación y construcción de tejidos del poder constituyentecomunitario, en función de fortalecer su participación en las políticas públicas y procesos legislativos municipales, estadales y nacionales, fomentando el parlamentarismo social.
Ampliar los procesos de educación y de información en el campo jurídico, favoreciendo la interpretación y empoderamiento popular de las leyes, apoyados en la nueva plataforma de universidad municipalizada.
Fortalecer procesos de investigación acción participativa que favorezcan la sistematización de las experiencias y conocimientos populares de las prácticas orientadas al ejercicio del poder constituyente.
Contribuir en la consolidación de la Democracia Protagónica Revolucionaria planteada en el Primer Plan Socialista Libertador Simón Bolívar, el ejercicio directo de la soberanía sobre los asuntos públicos, especialmente mediante la promoción de la participación popular en la construcción de las leyes y políticas públicas del área jurídica.
Apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento de los espacios de organización y ejercicio de poder comunitario como son los consejos comunales y las comunas, favoreciendo sus ejercicios de poder constituyente.
Brindar apoyo a los espacios de participación popular en el campo socio–jurídico, como las Mesas Técnicas y Comisiones Jurídicas (o de justicia) de los Consejos Comunales y organizaciones o sectores sociales.
Brindar a las comunidades, movimientos, sectores y organizaciones sociales, así como a los consejos populares de trabajadores, campesinos, estudiantes, entre otros, apoyo en el campo socio-jurídico, en lo atinente a sus demandas sociales de transformación del ordenamiento jurídico, en la reivindicación de sus derechos sociales o colectivos, en las acciones frente a la criminalización de las luchas populares y contra la impunidad de la elite burguesa.
Promover el acceso a servicios profesionales en el campo jurídico, favoreciendo la creación de un tejido primario de atención jurídica gratuita, desde las comunidades, sectores y organizaciones sociales.
Organizar procesos de formación y prácticas tendientes a contribuir con el desmonte del Estado colonial – burgués, con las políticas de Estado destinadas a la promoción de la inclusión social, específicamente en el campo socio-jurídico, generando rupturas con las lógicas de exclusión centro – periferia, conforme a la cual las instituciones funcionan centralizadamente y sólo las personas que llegan hasta ellas son atendidas.
Difundir campañas, apoyando las políticas de Estado, que formulan proyectos dirigidos a favorecer la resolución de los conflictos entre las personas.
Promover propuestas desde el poder popular para el ajuste del sistema de justicia venezolano a las demandas de justicia social y exigencias frente a la impunidad.
METAS
Consolidación de una Tribuna Popular legislativa Social.
Creación de un tejido Primario de Atención Jurídica socio- comunitaria
Crear un colectivo de promoción nacional e Internacional de Investigación Acción Participativa sobre Poder Constituyente.
METAS 2010
Local :
Elaborar y Presentar a los Consejos Municipales durante el año 2010 anteproyectos de leyes que contribuyan con el reto planteado por el Presidente de la República de crear leyes populares, revolucionarias, para poner al día toda la legislación con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Regional:
Durante el año 2010 se plantea elaborar un diagnostico sobre los procesos de participación popular en el campo socio jurídico y propuestas sobre la interacción Estado – comunidad en este ámbito, e iniciar la constitución del tejido primario de atención jurídica, ejecutando de manera experimental procesos de acompañamiento y asesoría jurídica en y con comunidades sobre la base de las demandas populares que permitan definir, ampliar y consolidar este tejido en el año 2011.
Nacionales e Internacionales:
Realizar durante el año 2010, intercambios Nacionales e Internacionales que permitan generar equipos de investigación acción y la publicación desde esta plataforma organizativa sobre los procesos constituyentes originarios y populares en Nuestra América; aportando en la sistematización y socialización de información de la identidad, alcance, avances y proyección de estos procesos de cara a la emancipación e integración de nuestros pueblos.
Reunión 23/03/2010
2da Reunión Mesa de Propuestas
Proyecto del estado Carabobo UBV- Misión Sucre
Valencia 23 de Marzo de 2010
Reunidos en el Centro Comercial Paseo las Industrias Previa Convocatoria los participantes del PFG en estudios Jurídicos de las catorce aldeas que egresan Abogados en el estado.
1. Presentación de los asistentes nombre, aldea a la que pertenecen, intercambio de asientos para diversificar y alternar las opiniones
2. Partiendo de la vía expresa señala por Yovani Sanjuán y Ronald que base del Proyecto es Tierra, surgen las vertientes que desde cada proyecto de aldea dan vías de enfoque, teniendo en línea general y por consenso: TENENCIA DE LA TIERRA,CONTRALORIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3. En cuanto a la tenencia de la Tierra se enfoca desde la organización de base, llámese Consejo Comunal , Comité de tierras, Comité de Campesinos, no ha sido efectiva, motivado a desconocimiento de las leyes, desconocimiento de la estructura organizacional constituida y su funcionamiento (INTI, ALCALDIAS,OFICINA TECNICA DE TIERRA, DIRECCIÖNES AGRICOLAS) entre otras. Se desconoce porque los entes constituidos no han dado respuesta a las políticas públicas de titularidad, existe un ciclo burocrático que entorpece esta tarea, entes aun en manos de la oligarquía o la contarevolución son algunas interrogantes. Y como culmen del asunto, la CONTRALORIA SOCIAL y del Estado tampoco ha sido eficaz , ni eficiente. Las tres
4. SURGE UNA PROPUESTA REGLAMENTAR EL INTI.
5. SURGE OTRA PROPUESTA, VERIFICAR ESTRUCTURA DE INTI
6. SURGE OTRA PROPUESTA HUMANIZAR AL INTI por los abusos que esta institución ejerce y por la politización de la misma.
7. SURGE OTRA PROPUESTA ACOMPAÑAR LA GESTION DEL INTI
8. SURGE OTRA PROPUESTA CREAR UN INSTITUTO AUTONOMO DE ASISTENCIA INTEGRAL EN CADA MUNICIPIO.
9. SURGE OTRA PROPUESTA ORGANIZAR AL CAMPESINO ES URGENTE
10. SURGE OTRA PROPUESTA:TRANSFORMACIÓN JURIDICA SOCIALISTA acompañar a la comunidad en el marco de la Misión Justicia Socialista.
11. SURGE OTRA PROPUESTA: FISCALIAS MUNICIPALES
Conclusión unificar el enfoque, próxima reunión Miércoles 24 se está buscando un espacio cerca de allí en la alcaldía o en la Asamblea legislativa. Hacer una reunión con el Frente Campesino de Mariara a fin de conocer sus propuestas.
Proyecto del estado Carabobo UBV- Misión Sucre
Valencia 23 de Marzo de 2010
Reunidos en el Centro Comercial Paseo las Industrias Previa Convocatoria los participantes del PFG en estudios Jurídicos de las catorce aldeas que egresan Abogados en el estado.
1. Presentación de los asistentes nombre, aldea a la que pertenecen, intercambio de asientos para diversificar y alternar las opiniones
2. Partiendo de la vía expresa señala por Yovani Sanjuán y Ronald que base del Proyecto es Tierra, surgen las vertientes que desde cada proyecto de aldea dan vías de enfoque, teniendo en línea general y por consenso: TENENCIA DE LA TIERRA,CONTRALORIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3. En cuanto a la tenencia de la Tierra se enfoca desde la organización de base, llámese Consejo Comunal , Comité de tierras, Comité de Campesinos, no ha sido efectiva, motivado a desconocimiento de las leyes, desconocimiento de la estructura organizacional constituida y su funcionamiento (INTI, ALCALDIAS,OFICINA TECNICA DE TIERRA, DIRECCIÖNES AGRICOLAS) entre otras. Se desconoce porque los entes constituidos no han dado respuesta a las políticas públicas de titularidad, existe un ciclo burocrático que entorpece esta tarea, entes aun en manos de la oligarquía o la contarevolución son algunas interrogantes. Y como culmen del asunto, la CONTRALORIA SOCIAL y del Estado tampoco ha sido eficaz , ni eficiente. Las tres
4. SURGE UNA PROPUESTA REGLAMENTAR EL INTI.
5. SURGE OTRA PROPUESTA, VERIFICAR ESTRUCTURA DE INTI
6. SURGE OTRA PROPUESTA HUMANIZAR AL INTI por los abusos que esta institución ejerce y por la politización de la misma.
7. SURGE OTRA PROPUESTA ACOMPAÑAR LA GESTION DEL INTI
8. SURGE OTRA PROPUESTA CREAR UN INSTITUTO AUTONOMO DE ASISTENCIA INTEGRAL EN CADA MUNICIPIO.
9. SURGE OTRA PROPUESTA ORGANIZAR AL CAMPESINO ES URGENTE
10. SURGE OTRA PROPUESTA:TRANSFORMACIÓN JURIDICA SOCIALISTA acompañar a la comunidad en el marco de la Misión Justicia Socialista.
11. SURGE OTRA PROPUESTA: FISCALIAS MUNICIPALES
Conclusión unificar el enfoque, próxima reunión Miércoles 24 se está buscando un espacio cerca de allí en la alcaldía o en la Asamblea legislativa. Hacer una reunión con el Frente Campesino de Mariara a fin de conocer sus propuestas.
lunes, 22 de marzo de 2010
Propuesta Tenencia Tierras Agricolas
PROPUESTA PARA LA TENENCIA DE LAS TIERRAS AGRICOLAS
La pequeña y mediana producción agraria, con la debida asistencia del Estado, proveen el tejido social suficiente para un desarrollo sostenible, preservando su cultura y frenando el éxodo hacia las ciudades. El campesino busca, cada vez más, mejores condiciones de vida para su familia, no sólo busca tierra propia. Tiende a establecerse donde haya luz, agua, escuela, dispensario, y donde pueda tener una vivienda. Una inversión social de esa naturaleza sólo la puede realizar el Estado. Esto, sumado a la poca necesidad de mano de obra que requiere la producción extensiva ganadera y el monocultivo, hacen que la gran propiedad se haya despoblado, desplazando a sus habitantes hacia asentamientos campesinos o hacia los cinturones marginales de las ciudades.
El arraigo del campesino a la tierra y a la siembra hacen todavía factible repoblar el campo. Para ello es necesaria una estructura de tenencia que permita al Estado dotar de servicios básicos a los asentamientos y un plan integral de desarrollo que genere expectativas de progreso para el pequeño y mediano productor.
Pero la falta de apoyo integral al campesino (créditos, insumos, maquinarias, asistencia técnica), la escasa voluntad política de la élite dirigente, la subordinación de la dirigencia del movimiento campesino a esta élite dirigente, y la entrega ilegal de la tierra a manos de hacendados, provocaron una rápida reconcentración de la tierra que el pequeño agricultor poseía.
Sobre esta reconcentración de la tierra influyó la revolución "verde" de la década de los setenta, que combinaba el uso del abono y de semillas mejoradas con alta productividad, pero requiriendo mayores inversiones, favoreciendo a la agroindustria y a los productores de mayor capital. A partir de la década de los ochenta la imposición de políticas de corte neoliberal (los famosos "ajustes estructurales") a través del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional repercutieron negativamente sobre la situación del agro venezolano, disminuyendo su importancia en la agenda del Estado ya que desde el enfoque neoliberal la tierra es sólo una variable más de la economía.
La injusta distribución de la tierra y la inexistencia de políticas de desarrollo sustentable del agro han provocado que la población campesina, sin tierra y sin escuelas, emigre hacia las ciudades. Los campesinos pasaron de ser 2,92 millones en 1959 (el 37% de la población) a 3,15 millones en el 2000 (el 12%). Todo el crecimiento poblacional del campo, con una altísima tasa de natalidad, ha ido a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, con costos evidentes para la sociedad venezolana.
El despoblamiento del medio rural conlleva otras consecuencias no menos graves. La incapacidad de abastecer nuestras necesidades alimentarias Venezuela importa el 70 % de los alimentos y sólo la agroindustria importó 1.397.000.000 dólares en el año 2000 afecta la balanza de pagos, implica un alto costo monetario para la nación y afecta la seguridad estratégica del país.
En base a lo expuesto en los párrafos anteriores y en busca de que se estimule y se respete el derecho y tenencia de las tierras agrícolas se propone lo siguiente:
Subordinar la posesión y el uso de la tierra al principio de función social.
Dirigir la ejecución de un amplio proceso de distribución de tierras, democratizando la tenencia y redistribuyéndola entre los campesinos minifundistas, los sin tierra y todo ciudadano dispuesto a invertir y trabajar directamente la tierra.
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
Establecer como condiciones para la tenencia:
1. La explotación eficiente de la tierra, con la garantía del Estado de dar acceso a los factores de producción para evitar la desventaja del pequeño productor.
2. La conducción del trabajo por parte del propietario de la tierra.
3. El estricto cumplimiento de las normas ambientales.
4. El estricto cumplimiento de la normativa laboral.
Otorgar al Estado el deber de garantizar agua, soporte técnico, acceso a créditos, insumos, formación y maquinaria. Esto equivale a promover la equidad en el acceso a los factores claves de la producción.
Reconocer que las tierras ociosas e improductivas deben ser gravadas por impuesto y pueden estar sujetas a expropiación y distribución.
Establecer límites máximos al tamaño de la propiedad, de acuerdo a la vocación agrícola de la tierra, a su calidad y al rubro a producir. De esta manera se evitaría que las mejores tierras para la siembra intensiva sean desperdiciadas en ganadería.
Debe favorecer la pequeña y mediana producción (hasta 50 hectáreas).
Debe establecer la titularidad familiar de las tierras entregadas, en sustitución de la titularidad individual. Las tierras en Venezuela se suelen entregar al ‘jefe’ de la familia reforzando las desventajas de la mujer campesina.
Favorecer la asociación y cooperación de los pequeños productores.
Promover la descentralización de las decisiones sobre los problemas de la tierra.
Debe favorecer la entrega de tierras al pequeño productor, sin venta. Es prudente evitar la venta pura y simple de las tierras del Estado: la actual situación de pobreza extrema del medio rural impediría que esta venta favoreciera a quienes más la necesitan.
Reconocer y respetar el derecho ancestral de los pueblos indígenas.
Además se hace necesario que se produzca el impacto positivo en la economía rural y en la calidad de vida de las comunidades campesinas, a través de un conjunto de políticas que aborden puntos tan vitales como:
La soberanía alimentaria: planificar la agricultura para atender prioritariamente a toda la población, a bajo costo y en abundancia.
Desarrollo de la infraestructura de servicios de las zonas rurales. Sin escuelas, carreteras, luz, agua, medicaturas, etc., no se sustenta el desarrollo económico.
Infraestructura para la producción: regadíos, silos, molinos, etc.
Una política de créditos acorde con la realidad rural.
Estructuras comerciales confiables, con menos intermediarios, y con seguridad en los pagos.
Garantía de recuperación. El Estado debe asegurar la recuperación de la inversión en caso de pérdida total de la cosecha por catástrofe. Etc.
Ahora bien, todo esto se lograría si el Estado atravez de sus organismo que le compete la materia, actúen de una manera eficiente y que se identifique con los pequeños productores agrícolas otorgándoles un trato preferencial ya que son trabajadores que cuentan con pocos recursos económicos y técnicos.
Omar Zambrano R. sección 3
La pequeña y mediana producción agraria, con la debida asistencia del Estado, proveen el tejido social suficiente para un desarrollo sostenible, preservando su cultura y frenando el éxodo hacia las ciudades. El campesino busca, cada vez más, mejores condiciones de vida para su familia, no sólo busca tierra propia. Tiende a establecerse donde haya luz, agua, escuela, dispensario, y donde pueda tener una vivienda. Una inversión social de esa naturaleza sólo la puede realizar el Estado. Esto, sumado a la poca necesidad de mano de obra que requiere la producción extensiva ganadera y el monocultivo, hacen que la gran propiedad se haya despoblado, desplazando a sus habitantes hacia asentamientos campesinos o hacia los cinturones marginales de las ciudades.
El arraigo del campesino a la tierra y a la siembra hacen todavía factible repoblar el campo. Para ello es necesaria una estructura de tenencia que permita al Estado dotar de servicios básicos a los asentamientos y un plan integral de desarrollo que genere expectativas de progreso para el pequeño y mediano productor.
Pero la falta de apoyo integral al campesino (créditos, insumos, maquinarias, asistencia técnica), la escasa voluntad política de la élite dirigente, la subordinación de la dirigencia del movimiento campesino a esta élite dirigente, y la entrega ilegal de la tierra a manos de hacendados, provocaron una rápida reconcentración de la tierra que el pequeño agricultor poseía.
Sobre esta reconcentración de la tierra influyó la revolución "verde" de la década de los setenta, que combinaba el uso del abono y de semillas mejoradas con alta productividad, pero requiriendo mayores inversiones, favoreciendo a la agroindustria y a los productores de mayor capital. A partir de la década de los ochenta la imposición de políticas de corte neoliberal (los famosos "ajustes estructurales") a través del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional repercutieron negativamente sobre la situación del agro venezolano, disminuyendo su importancia en la agenda del Estado ya que desde el enfoque neoliberal la tierra es sólo una variable más de la economía.
La injusta distribución de la tierra y la inexistencia de políticas de desarrollo sustentable del agro han provocado que la población campesina, sin tierra y sin escuelas, emigre hacia las ciudades. Los campesinos pasaron de ser 2,92 millones en 1959 (el 37% de la población) a 3,15 millones en el 2000 (el 12%). Todo el crecimiento poblacional del campo, con una altísima tasa de natalidad, ha ido a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, con costos evidentes para la sociedad venezolana.
El despoblamiento del medio rural conlleva otras consecuencias no menos graves. La incapacidad de abastecer nuestras necesidades alimentarias Venezuela importa el 70 % de los alimentos y sólo la agroindustria importó 1.397.000.000 dólares en el año 2000 afecta la balanza de pagos, implica un alto costo monetario para la nación y afecta la seguridad estratégica del país.
En base a lo expuesto en los párrafos anteriores y en busca de que se estimule y se respete el derecho y tenencia de las tierras agrícolas se propone lo siguiente:
Subordinar la posesión y el uso de la tierra al principio de función social.
Dirigir la ejecución de un amplio proceso de distribución de tierras, democratizando la tenencia y redistribuyéndola entre los campesinos minifundistas, los sin tierra y todo ciudadano dispuesto a invertir y trabajar directamente la tierra.
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
Establecer como condiciones para la tenencia:
1. La explotación eficiente de la tierra, con la garantía del Estado de dar acceso a los factores de producción para evitar la desventaja del pequeño productor.
2. La conducción del trabajo por parte del propietario de la tierra.
3. El estricto cumplimiento de las normas ambientales.
4. El estricto cumplimiento de la normativa laboral.
Otorgar al Estado el deber de garantizar agua, soporte técnico, acceso a créditos, insumos, formación y maquinaria. Esto equivale a promover la equidad en el acceso a los factores claves de la producción.
Reconocer que las tierras ociosas e improductivas deben ser gravadas por impuesto y pueden estar sujetas a expropiación y distribución.
Establecer límites máximos al tamaño de la propiedad, de acuerdo a la vocación agrícola de la tierra, a su calidad y al rubro a producir. De esta manera se evitaría que las mejores tierras para la siembra intensiva sean desperdiciadas en ganadería.
Debe favorecer la pequeña y mediana producción (hasta 50 hectáreas).
Debe establecer la titularidad familiar de las tierras entregadas, en sustitución de la titularidad individual. Las tierras en Venezuela se suelen entregar al ‘jefe’ de la familia reforzando las desventajas de la mujer campesina.
Favorecer la asociación y cooperación de los pequeños productores.
Promover la descentralización de las decisiones sobre los problemas de la tierra.
Debe favorecer la entrega de tierras al pequeño productor, sin venta. Es prudente evitar la venta pura y simple de las tierras del Estado: la actual situación de pobreza extrema del medio rural impediría que esta venta favoreciera a quienes más la necesitan.
Reconocer y respetar el derecho ancestral de los pueblos indígenas.
Además se hace necesario que se produzca el impacto positivo en la economía rural y en la calidad de vida de las comunidades campesinas, a través de un conjunto de políticas que aborden puntos tan vitales como:
La soberanía alimentaria: planificar la agricultura para atender prioritariamente a toda la población, a bajo costo y en abundancia.
Desarrollo de la infraestructura de servicios de las zonas rurales. Sin escuelas, carreteras, luz, agua, medicaturas, etc., no se sustenta el desarrollo económico.
Infraestructura para la producción: regadíos, silos, molinos, etc.
Una política de créditos acorde con la realidad rural.
Estructuras comerciales confiables, con menos intermediarios, y con seguridad en los pagos.
Garantía de recuperación. El Estado debe asegurar la recuperación de la inversión en caso de pérdida total de la cosecha por catástrofe. Etc.
Ahora bien, todo esto se lograría si el Estado atravez de sus organismo que le compete la materia, actúen de una manera eficiente y que se identifique con los pequeños productores agrícolas otorgándoles un trato preferencial ya que son trabajadores que cuentan con pocos recursos económicos y técnicos.
Omar Zambrano R. sección 3
Regularizacion de la Tenencia de la Tierra
En esta etapa de la construccion colectiva de propuesta Estadal, debemos tener presentes como lo menciono en comentario interno del blog que Ley estamos manejando y cual debe ser realmente la propuesta.
considero que debemos tener presente la lectura de COLECTIVOS PARA LA PROMOCION DE LA JUSTICIA POPULAR CONSTITUYENTE. esto nos puede llevar a entender cual es el norte de nuestro sur. especialmente si pensamos que nuestra labor es de investigacion e impulso de las nuevas alternativas de resolucion de conflictos.
feliz tarde companeros.
considero que debemos tener presente la lectura de COLECTIVOS PARA LA PROMOCION DE LA JUSTICIA POPULAR CONSTITUYENTE. esto nos puede llevar a entender cual es el norte de nuestro sur. especialmente si pensamos que nuestra labor es de investigacion e impulso de las nuevas alternativas de resolucion de conflictos.
feliz tarde companeros.
viernes, 19 de marzo de 2010
Propuesta que se asemeja a los proyecto de Tocuyito, Delgado Palacios, Machado Cisnero, Vicente Romero y Montalban
Contraloria Social de San Diego y San Joaquin
Tenencia de tierras urbanas y agrícolas
Guacara: Enrique Delgado Palacios.
Naguanagua
Mariara
Güigüe
Valencia: Hugo Chávez Frías. (comunas para producción de alimentos)
Con la formación y atención continua a las personas que hacen vida en las comunidades, y en el marco de cubrir las necesidades de tipo legal ( Tenencias de Tierras, Controlaría Social y participacion ciudadana) que viven día a día, se plantea la posibilidad de crear un acceso directo que nos permita dar respuestas inmediatas sin tener que realizar esos procesos de tramites y trabas burocráticas que entorpecen la gestión con la utilización de los espacios que se tienen en las aldeas y en los consejos comunales, es necesario que los mismos representantes de la comunidad participen para ejercer el control persectivo y de control continuo mediante la aplicacion de la normativa vigente .
Contraloria Social de San Diego y San Joaquin
Tenencia de tierras urbanas y agrícolas
Guacara: Enrique Delgado Palacios.
Naguanagua
Mariara
Güigüe
Valencia: Hugo Chávez Frías. (comunas para producción de alimentos)
Con la formación y atención continua a las personas que hacen vida en las comunidades, y en el marco de cubrir las necesidades de tipo legal ( Tenencias de Tierras, Controlaría Social y participacion ciudadana) que viven día a día, se plantea la posibilidad de crear un acceso directo que nos permita dar respuestas inmediatas sin tener que realizar esos procesos de tramites y trabas burocráticas que entorpecen la gestión con la utilización de los espacios que se tienen en las aldeas y en los consejos comunales, es necesario que los mismos representantes de la comunidad participen para ejercer el control persectivo y de control continuo mediante la aplicacion de la normativa vigente .
Bienvenida al blog UBV propuestas
Hola compañeros y camaradas... Espero que sea un portal esta manera de comunicarnos para unirnos en la tarea encomendada...
Recuerden que el resto de los compañeros de aula tienen que unirse a las mesas de trabajo...
Espero sus propuestas y comentarios....
Recuerden que el resto de los compañeros de aula tienen que unirse a las mesas de trabajo...
Espero sus propuestas y comentarios....
Proyectos presentados
Unificación de Proyectos del Estado Carabobo
Se presentan para la unificación 14 proyectos
•Guacara 2 Enrique Delgado Palacios. Machado Cisneros
•San Joaquín 1
Proyectos con planteamientos comunes
Formación y capacitación en participación comunitaria
•
Guacara: Enrique Delgado Palacios.
Naguanagua
Mariara
Güigüe
Valencia: Hugo Chávez Frías. (comunas para producción de alimentos)
Contraloría Social
•San Diego
•San Joaquín
Violencia familiar
•Valencia: • Vicente Romero García
Seguridad Ciudadana
•Guacara : • Aldea Enrique Delgado Palacios.
•Valencia : • Vicente Romero. • República del Perú. • Rafael Urdaneta.
Defensa de los derechos a los bienes y servicios
Montalbán
Inserción de los nuevos abogados integrales en los organismos sociales
Tocuyito
Mesas de Trabajo Conformadas
- Mesa de Objetivos y antecedentes.
- Mesa de Diagnóstico.
- Mesa de Propuestas.
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