Propuesta Tenencia Tierras Agricolas

PROPUESTA PARA LA TENENCIA DE LAS TIERRAS AGRICOLAS
La pequeña y mediana producción agraria, con la debida asistencia del Estado, proveen el tejido social suficiente para un desarrollo sostenible, preservando su cultura y frenando el éxodo hacia las ciudades. El campesino busca, cada vez más, mejores condiciones de vida para su familia, no sólo busca tierra propia. Tiende a establecerse donde haya luz, agua, escuela, dispensario, y donde pueda tener una vivienda. Una inversión social de esa naturaleza sólo la puede realizar el Estado. Esto, sumado a la poca necesidad de mano de obra que requiere la producción extensiva ganadera y el monocultivo, hacen que la gran propiedad se haya despoblado, desplazando a sus habitantes hacia asentamientos campesinos o hacia los cinturones marginales de las ciudades.
El arraigo del campesino a la tierra y a la siembra hacen todavía factible repoblar el campo. Para ello es necesaria una estructura de tenencia que permita al Estado dotar de servicios básicos a los asentamientos y un plan integral de desarrollo que genere expectativas de progreso para el pequeño y mediano productor.
Pero la falta de apoyo integral al campesino (créditos, insumos, maquinarias, asistencia técnica), la escasa voluntad política de la élite dirigente, la subordinación de la dirigencia del movimiento campesino a esta élite dirigente, y la entrega ilegal de la tierra a manos de hacendados, provocaron una rápida reconcentración de la tierra que el pequeño agricultor poseía.
Sobre esta reconcentración de la tierra influyó la revolución "verde" de la década de los setenta, que combinaba el uso del abono y de semillas mejoradas con alta productividad, pero requiriendo mayores inversiones, favoreciendo a la agroindustria y a los productores de mayor capital. A partir de la década de los ochenta la imposición de políticas de corte neoliberal (los famosos "ajustes estructurales") a través del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional repercutieron negativamente sobre la situación del agro venezolano, disminuyendo su importancia en la agenda del Estado ya que desde el enfoque neoliberal la tierra es sólo una variable más de la economía.
La injusta distribución de la tierra y la inexistencia de políticas de desarrollo sustentable del agro han provocado que la población campesina, sin tierra y sin escuelas, emigre hacia las ciudades. Los campesinos pasaron de ser 2,92 millones en 1959 (el 37% de la población) a 3,15 millones en el 2000 (el 12%). Todo el crecimiento poblacional del campo, con una altísima tasa de natalidad, ha ido a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, con costos evidentes para la sociedad venezolana.
El despoblamiento del medio rural conlleva otras consecuencias no menos graves. La incapacidad de abastecer nuestras necesidades alimentarias Venezuela importa el 70 % de los alimentos y sólo la agroindustria importó 1.397.000.000 dólares en el año 2000 afecta la balanza de pagos, implica un alto costo monetario para la nación y afecta la seguridad estratégica del país.
En base a lo expuesto en los párrafos anteriores y en busca de que se estimule y se respete el derecho y tenencia de las tierras agrícolas se propone lo siguiente:
Subordinar la posesión y el uso de la tierra al principio de función social.
Dirigir la ejecución de un amplio proceso de distribución de tierras, democratizando la tenencia y redistribuyéndola entre los campesinos minifundistas, los sin tierra y todo ciudadano dispuesto a invertir y trabajar directamente la tierra.
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
Establecer como condiciones para la tenencia:
1. La explotación eficiente de la tierra, con la garantía del Estado de dar acceso a los factores de producción para evitar la desventaja del pequeño productor.
2. La conducción del trabajo por parte del propietario de la tierra.
3. El estricto cumplimiento de las normas ambientales.
4. El estricto cumplimiento de la normativa laboral.
Otorgar al Estado el deber de garantizar agua, soporte técnico, acceso a créditos, insumos, formación y maquinaria. Esto equivale a promover la equidad en el acceso a los factores claves de la producción.
Reconocer que las tierras ociosas e improductivas deben ser gravadas por impuesto y pueden estar sujetas a expropiación y distribución.
Establecer límites máximos al tamaño de la propiedad, de acuerdo a la vocación agrícola de la tierra, a su calidad y al rubro a producir. De esta manera se evitaría que las mejores tierras para la siembra intensiva sean desperdiciadas en ganadería.
Debe favorecer la pequeña y mediana producción (hasta 50 hectáreas).
Debe establecer la titularidad familiar de las tierras entregadas, en sustitución de la titularidad individual. Las tierras en Venezuela se suelen entregar al ‘jefe’ de la familia reforzando las desventajas de la mujer campesina.
Favorecer la asociación y cooperación de los pequeños productores.
Promover la descentralización de las decisiones sobre los problemas de la tierra.
Debe favorecer la entrega de tierras al pequeño productor, sin venta. Es prudente evitar la venta pura y simple de las tierras del Estado: la actual situación de pobreza extrema del medio rural impediría que esta venta favoreciera a quienes más la necesitan.
Reconocer y respetar el derecho ancestral de los pueblos indígenas.
Además se hace necesario que se produzca el impacto positivo en la economía rural y en la calidad de vida de las comunidades campesinas, a través de un conjunto de políticas que aborden puntos tan vitales como:
La soberanía alimentaria: planificar la agricultura para atender prioritariamente a toda la población, a bajo costo y en abundancia.
Desarrollo de la infraestructura de servicios de las zonas rurales. Sin escuelas, carreteras, luz, agua, medicaturas, etc., no se sustenta el desarrollo económico.
Infraestructura para la producción: regadíos, silos, molinos, etc.
Una política de créditos acorde con la realidad rural.
Estructuras comerciales confiables, con menos intermediarios, y con seguridad en los pagos.
Garantía de recuperación. El Estado debe asegurar la recuperación de la inversión en caso de pérdida total de la cosecha por catástrofe. Etc.
Ahora bien, todo esto se lograría si el Estado atravez de sus organismo que le compete la materia, actúen de una manera eficiente y que se identifique con los pequeños productores agrícolas otorgándoles un trato preferencial ya que son trabajadores que cuentan con pocos recursos económicos y técnicos.

Omar Zambrano R. sección 3