viernes, 2 de abril de 2010

PROPUESTA RECOPILADA / BEJUMA/MIGUEL MARIN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MISIÓN SUCRE.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS





TRANSFORMACION DEL DERECHO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

O

CONVERSION JURIDICA SOCIALISTA

PROPUESTA CONSTRUIDA POR:
LA PRIMERA PROMOCIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA MODALIDAD COMBINADA DE ALDEAS MUNICIPALIZADAS




Carabobo, marzo 2010


Cuando el pueblo, por medio de la instrucción, sepa
lo que son sus deberes y derechos
habremos consolidado
la República.


























INTRODUCCIÓN

La Universidad Bolivariana de Venezuela como órgano preparador de ideologías y la inserción de sus abogados egresados a las comunidades, para el mejoramiento y funcionamiento de las instituciones creadas por el Estado en lo que respecta en materia de contraloría social, políticas publicas, titularidad de las tierras, tenencias de las tierras, atención a grupos vulnerables, el reimpulso de lo consejos comunales, a través de la formación y atención continua a los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en las comunidades, y en el marco de cubrir sus necesidades de tipo legal (Tenencias de Tierras, Controlaría Social y participación ciudadana) que viven día a día, se plantea el reto y la posibilidad de crear un acceso directo que nos permita darles respuestas inmediatas sin tener que realizar esos procesos de tramites y trabas burocráticas que entorpecen la gestión con la utilización de los espacios que se tienen en las aldeas y en los consejos comunales, siendo necesario que los mismos representantes de la comunidad participen para ejercer el control persectivo y de control continuo mediante la aplicación de la normativa vigente .

No comparto el parágrafo anterior por lo siguiente: la universidad no prepara ideas, ni inserta abogados egresados, no nos forma para mejorar, ni para dar funcionamiento a las instituciones creadas. Nos forma para hacer revolución o sea cambios transcendentales que formulen, transformen, modifiquen, creen, reformen u otros que en la Ley o Leyes de la republica no den respuesta inmediata a la base soberana de nuestro pueblo glorioso. Es por ello que es imperante la promoción de colectivos de la justicia popular constituyente.

Sugiero mantener la propuesta inicial:

El Proyecto que contiene este documento es una propuesta a nuestro querido Pueblo de la Republica Bolivariana de Venezuela y ha sido elaborado a partir de nuestras experiencias en el proceso de formación en la aplicación de la metodología I.A.P impulsad a por la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, la disertación de saberes y el avance de nuestro trabajo en y con las comunidades; que permitió profundizar en la comprensión y la meditación de nuestra realidad sobre la justicia y su concordancia con los procedimientos legales; así como el rendimiento de las políticas públicas en el abordaje de las inseguridades socio-jurídicas existentes.
Asumiendo la lucha que como hijos de este pueblo, que nos permitió formarnos para empoderarse de las técnicas necesarias para la transformación de las normas de convivencia establecidas hasta ahora con algunas limitantes de acceso a este, en normas más cercanas a la realidad social de las comunidades; hemos recopilado y llevado registro de nuestra experiencia conjunta la cual plasmamos para así exponer ante el soberano una alternativa de solución a los conflictos que viene soportando por la desidia de la clase colonial-burguesa imperialista que nos había dominado y que venceremos estableciendo un Estado Social de Derecho y de Justicia.
Desaprender para aprender haciendo conjuntamente, en la conjugación estudiante – docente – comunidad y construir desde la realidad social un nuevo modelo de justicia, que bajo la legislación popular democrática, participativa y protagónica impulse la transformación real de un nuevo Ser Social Humano, pretendiendo con sencillez plasmar los conocimientos en este Trabajo Especial de Grado, experiencias e ideas que hemos construido en conjunto con las comunidades, convertidas en un proyecto que esperamos sirva a la transformación socialista de la realidad socio jurídica venezolana, de cara a las exigencias de justicia de nuestra patria.


OBJETIVO GENERAL
(QUE)Fortalecer la participación popular en la transformación de la realidad socio-jurídica local, regional y nacional, establecida en los objetivos estratégicos del primer plan socialista, (PARA)para la consecución de sus derechos económicos, sociales, culturales y de justicia socio – comunitaria, garantizando como principio la soberanía nacional, orientados a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia y la seguridad alimentaria, (COMO) ahondando en los procesos de construcción de una tribuna legislativa social, el desarrollo de procesos dirigidos a la formación y acompañamiento jurídico e integral de las personas, colectivos y sectores sociales construyendo un tejido primario de justicia social – comunitaria, (DONDE)desde y en sus propias comunidades.

SUGIERO DE NOMBRE A LA PROPUESTA:

• TRANSFORMACION DEL DERECHO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

• CONVERSION=TRANSFORMACION
JURIDICA=DERECHO
SOCIALISTA=JUSTICIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De formación:

1. Promover el estudio, difusión y desarrollo del nuevo derecho, de los procesos constituyentes populares. Aldea Miguel Marin – Bejuma.

2. Promover y apoyar los procesos de construcción de normativas de la comunidad, sectores u organizaciones sociales como Derecho Comunitario. Aldea Miguel Marin – Bejuma.

3. Contribuir a la articulación y construcción de tejidos del poder constituyente comunitario, en función de fortalecer su participación en las políticas públicas y procesos legislativos municipales, estadales y nacionales, fomentando el parlamentarismo social. Aldea Miguel Marin – Bejuma.

4. Ampliar los procesos de educación y de información en el campo jurídico, favoreciendo la interpretación y empoderamiento popular de las leyes, apoyados en la nueva plataforma de universidad municipalizada. Aldea Miguel Marin – Bejuma.

5. Contribuir en la consolidación de la Democracia Protagónica Revolucionaria planteada en el Primer Plan Socialista Libertador Simón Bolívar, el ejercicio directo de la soberanía sobre los asuntos públicos, especialmente mediante la promoción de la participación popular en la construcción de las leyes y políticas públicas del área jurídica. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
6. Apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento de los espacios de organización y ejercicio de poder comunitario como son los consejos comunales y las comunas, favoreciendo sus ejercicios de poder constituyente. Aldea Miguel Marin – Bejuma.
7. Fomentar el desarrollo de programas de formación y capacitación a las comunidades en el campo socio jurídico que favorezca la comprensión y aprovechamiento de las leyes que propicien la participación protagónica del pueblo en las políticas públicas. (Aldea Enrique Delgado Palacios)

8. Generar campañas de difusión sobre los valores morales, conciencia cívica, principios de solidaridad humana y el sentido de la corresponsabilidad ciudadana en todo el ámbito social y las instituciones públicas, con la finalidad de contribuir a la formación del nuevo ciudadano justo, solidario y feliz. (Aldea Enrique Delgado Palacios)

9. La capacitación, formación y orientación jurídica como aporte de conocimientos y transformaciones necesarias para la funcionalidad y efectividad de las políticas públicas. (Aldea Enrique Delgado Palacios)

10. promover la educación como proceso creador de la cuidadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. (Aldea Hipolito Cisneros)

11. Promover politicas efectivas e integrales que tendrian una amplia prevencion primaria,comenzando en las escuelas y con acciones en todos los ambitos del bienestar social que lleguen a todos los sectores de la poblacion promoviendo la integracion y la no exclucion de los sectores pobres y marginales, considerando que a la problematica social la acompaña los fenomenos de la corrupcion,la subocupacion,violencia, asi como la perdida y sustitucion de valores. MARITZA. DIJO:

12. También cabe destacar que a nuestras comunidades les falta mucha ideología y valores; bien es sabido que la mayoría de los consejos comunales que estan conformados no funcionan como debe ser, ya que las disputas por custiones económicas y quien es el lider es evidente;todo esto sucede según análisis personal a que no tenemos una formación ideológica estable,en donde defendamos lo colectivo y no lo individual.
Podemos lograr la organización pero si no hay un sentir mutuo,unos valores sólidos y un pensamiento en donde prevalezca los intereses de un colectivo de nada valera la lucha... JOSELEN


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De acompañamiento:

1. Promover el acceso a servicios profesionales en el campo jurídico, favoreciendo la creación de un tejido primario de atención jurídica gratuita, desde las comunidades, sectores y organizaciones sociales. (FISCALIA SOCIO – COMUNITARIA cuya función esta enmarcada en la observación de la aplicación de procedimientos administrativos y la vigilancia de anticorrupción de las instituciones vinculadas a la comunidad). Aldea Miguel Marin – Bejuma.

2. Difundir campañas, apoyando las políticas de Estado, que formulan proyectos dirigidos a favorecer la resolución de los conflictos entre las personas. Aldea Miguel Marin – Bejuma.

3. Promover propuestas desde el poder popular para el ajuste del sistema de justicia venezolano a las demandas de justicia social y exigencias frente a la impunidad. . Acompañar en los procesos de constitución de los espacios de organizaciones sociales comunitarias como los Consejos Comunales, las Comunas, Mesas Técnicas de Tierras y grupos vulnerables, que permita lograr el ejercicio del poder constituyente y alcanzar el verdadero Poder Popular. (Aldea Enrique Delgado Palacios)

4. Disposición de espacios en las comunidades para ejecución de enlace estado-universidad-comunidad. (Aldea Enrique Delgado Palacios)

5. Crear un SISTEMA BICENTENARIO DE CONTRALORÍA NACIONAL AUTÓNOMA SOCIALISTA para los Consejos Comunales o Comunas y todo lo que competa a la protección social, tiene entre sus fines primordiales la protección de los recursos financieros destinados para la ejecución de las Políticas Públicas y consecuencialmente producir beneficios a las comunidades (Aldea Hipolito Cisneros)

6. Adoptar una actitud eminentemente preventiva a través de un trabajo integral fortaleciendo los servicios policiales dentro de un proceso de reestructuración cambiando actitudes en coordinación permanente con los gobiernos locales, la comunidad organizada y las instituciones publicas y privadas ,es decir un compromiso de todos y para todos sobre todo en estos tiempos cuando la familia se resquebraja y hay una crisis de valores a todo nivel
7. Fusionar los Comites de Tierras con los Consejos Comunales. JOSELEN

8. Conformar comites de tierra para poder acceder a los procedimientos a seguir para la regularización de título de las tierras, que para ellos las mesas de tierras del consejo comunal no surtian ningún efecto. JOSELEN
9.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De acceso a la Justicia:


1. La participación ciudadana del estado-universidad-comunidad en el proceso de construcción de las políticas sociales con la gestión pública, para buscar la solución de los diferentes problemas de la colectividad. (Aldea Enrique Delgado Palacios)
2. Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda actividad administrativa del Estado. (Aldea Hipolito Cisneros)
3. Construir el nuevo sistema de seguridad ciudadana se requiere de una construccion teorica alternativa , progresista que conjugue los valores de nuestra constitucion , referidos a la paz , la convivencia , la tolerancia,la diversidad,la solidaridad,la cooperacion y que tenga que ver con la cultura de la paz. . MARITZA. DIJO:






OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De seguridad alimentaria:

Propuestas de la (Aldea Enrique Delgado Palacios)
1. Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.

2. Transferir a los Concejos Comunales o Comunas la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras.
3. Fusionar los Comités de Tierras con los Consejos Comunales.
4. No hay un trabajo en conjunto entre Inti-CTU-Consejo comunal.
5. Enseñar en todas las Escuelas de Agronomía, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con la problemática de la realidad agraria del país, para acercar a los futuros profesionales.
6. Integrar la Universidad Bolivariana con los Frentes Campesinos constituidos para afinar estrategias y soluciones a la problemática de la tenencia de las tierras en el Estado Carabobo.
7. Revisar proyectos de Ley y reformas introducidas a la Asamblea Nacional, para su posterior análisis y de allí crear propuestas verdaderamente idóneas parar solventar la problemática de las tierras en el Estado Carabobo.
8. Vincular con los entes del estado con las comunidades, a través de los consejos comunales y sus mesas técnicas.
9. Promover encuentro de saberes estado-universidad-comunidad.

10. El incumplimiento de la función social en los términos que la ley establece por parte los productores propietarios u ocupantes de tierras agrícolas trae como consecuencia jurídica inmediata, el pago de un impuesto predial, y el rescate de las tierras o la expropiación de las mismas, pero para poder cumplir con tales obligaciones, el Estado debe, a su vez cumplir con sus obligaciones, de lo contario, se corre el riesgo de repetir los errores de los procesos reformadores de antaño, y neutralizar los efectos de una ley llamada a producir profundos cambios sociales en el campo.
11. Promover los nuevos modelos de producción socialistas que favorezcan el desarrollo endógeno de las comunidades, una vez transferidas la titularidad de las tierras de vocación agrícolas. (Aldea Enrique Delgado Palacios)

Propuesta Omar Zambrano

1. Subordinar la posesión y el uso de la tierra al principio de función social.
2. Dirigir la ejecución de un amplio proceso de distribución de tierras, democratizando la tenencia y redistribuyéndola entre los campesinos minifundistas, los sin tierra y todo ciudadano dispuesto a invertir y trabajar directamente la tierra.
3.
Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural del medio rural.
4.
Establecer como condiciones para la tenencia:
1. La explotación eficiente de la tierra, con la garantía del Estado de dar acceso a los factores de producción para evitar la desventaja del pequeño productor.
2. La conducción del trabajo por parte del propietario de la tierra.
3. El estricto cumplimiento de las normas ambientales.
4. El estricto cumplimiento de la normativa laboral.
Otorgar al Estado el deber de garantizar agua, soporte técnico, acceso a créditos, insumos, formación y maquinaria. Esto equivale a promover la equidad en el acceso a los factores claves de la producción.
5.
Reconocer que las tierras ociosas e improductivas deben ser gravadas por impuesto y pueden estar sujetas a expropiación y distribución.
6.
Establecer límites máximos al tamaño de la propiedad, de acuerdo a la vocación agrícola de la tierra, a su calidad y al rubro a producir. De esta manera se evitaría que las mejores tierras para la siembra intensiva sean desperdiciadas en ganadería.

7. favorecer la pequeña y mediana producción (hasta 50 hectáreas).

8. establecer la titularidad familiar de las tierras entregadas, en sustitución de la titularidad individual. Las tierras en Venezuela se suelen entregar al ‘jefe’ de la familia reforzando las desventajas de la mujer campesina.

9. Favorecer la asociación y cooperación de los pequeños productores.

10. Promover la descentralización de las decisiones sobre los problemas de la tierra.
Debe favorecer la entrega de tierras al pequeño productor, sin venta.
11. evitar la venta pura y simple de las tierras del Estado: la actual situación de pobreza extrema del medio rural impediría que esta venta favoreciera a quienes más la necesitan.

12. Reconocer y respetar el derecho ancestral de los pueblos indígenas.
Además se hace necesario que se produzca el impacto positivo en la economía rural y en la calidad de vida de las comunidades campesinas, a través de un conjunto de políticas que aborden puntos tan vitales como:

a) La soberanía alimentaria: planificar la agricultura para atender prioritariamente a toda la población, a bajo costo y en abundancia.

b) Desarrollo de la infraestructura de servicios de las zonas rurales. Sin escuelas, carreteras, luz, agua, medicaturas, etc., no se sustenta el desarrollo económico.

c) Infraestructura para la producción: regadíos, silos, molinos, etc.
Una política de créditos acorde con la realidad rural.

d) Estructuras comerciales confiables, con menos intermediarios, y con seguridad en los pagos.

e) Garantía de recuperación.
f) El Estado debe asegurar la recuperación de la inversión en caso de pérdida total de la cosecha por catástrofe. Etc.

Ahora bien, todo esto se lograría si el Estado a través de sus organismo que le compete la materia, actúen de una manera eficiente y que se identifique con los pequeños productores agrícolas otorgándoles un trato preferencial ya que son trabajadores que cuentan con pocos recursos económicos y técnicos.


































METAS:
1. Elaborar un diagnostico sobre los procesos de participación popular en el campo socio jurídico y propuestas sobre la interacción Estado – comunidad en este ámbito, e iniciar la constitución del tejido primario de atención jurídica, ejecutando de manera experimental procesos de acompañamiento y asesoría jurídica en y con comunidades sobre la base de las demandas populares que permitan definir, ampliar y consolidar este tejido en el año 2011.

2. Realizar durante el año 2010, intercambios Nacionales e Internacionales que permitan generar equipos de investigación acción y la publicación desde esta plataforma organizativa sobre los procesos constituyentes originarios y populares en Nuestra América; aportando en la sistematización y socialización de información de la identidad, alcance, avances y proyección de estos procesos de cara a la emancipación e integración de nuestros pueblos.


PROPUESTAS GENERALES
1. Fomentar el desarrollo de programas de formación y capacitación a las comunidades en el campo sociojurídico que favorezca la comprensión y aprovechamiento de las leyes que propicien la participación protagónica del pueblo en las políticas públicas.
2. Acompañar en los procesos de constitución de los espacios de organizaciones sociales comunitarias como los Consejos Comunales, las Comunas, Mesas Técnicas de Tierras y grupos vulnerables, que permita lograr el ejercicio del poder constituyente y alcanzar el verdadero Poder Popular.
3. Generar campañas de difusión sobre los valores morales, conciencia cívica, principios de solidaridad humana y el sentido de la corresponsabilidad ciudadana en todo el ámbito social y las instituciones públicas, con la finalidad de contribuir a la formación del nuevo ciudadano justo, solidario y feliz.
4. Promover los nuevos modelos de producción socialistas que favorezcan el desarrollo endógeno de las comunidades, una vez transferidas la titularidad de las tierras de vocación agrícolas.
5. La capacitación, formación y orientación jurídica como aporte de conocimientos y transformaciones necesarias para la funcionalidad y efectividad de las políticas públicas.

6. Disposición de espacios en las comunidades para ejecución de enlace estado-universidad-comunidad.

7. La participación ciudadana del estado-universidad-comunidad en el proceso de construcción de las políticas sociales con la gestión pública, para buscar la solución de los diferentes problemas de la colectividad.

8. Integración de toda la población venezolana en la construcción del nuevo modelo socialista, a través de la concientización y enseñanza del proceso de transformación que vive nuestro país.

9. Fomentar que las instituciones del Estado bajen a las comunidades.

10. Creación de un sistema Bicentenario de control como herramienta para los consejos comunales o comunas y todo lo que competa a la protección social, tiene entre sus fines primordiales las funciones de: prevenir, investigar y fiscalizar los hechos que atenta contra la ética pública y moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación de las políticas públicas del Estado, igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social del trabajo.


PROPUESTAS CON RESPECTO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (TIERRAS)

Contemplar el derecho a la tierra como garantía de supervivencia económica y cultural.

Los cambios en las estructuras agrarias se imponen a partir de la aplicación de leyes destinadas a regularizar la tenencia, democratizar su acceso, y en general, asegurar un desarrollo rural integral, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable.
Es necesario que el Estado se ponga al día, de forma sistemática, en el cumplimiento de sus obligaciones técnicas y jurídicas, a fin de que los productores puedan cumplir plenamente con los preceptos que la LDTDA establece, y que permitirá el cabal cumplimiento por parte de propietarios u ocupantes de la función social de sus tierras pero que solo será posible al cumplimiento previo de las obligaciones que tiene el Estado.

Las obligaciones del Estado en materia agraria están claramente establecidas a la luz de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) promulgada en noviembre de 2001 (y reformada parcialmente en mayo de 2005), son múltiples estas obligaciones y varias de ellas deben cumplirse previo a la exigencia de los productores, sean éstos ocupantes precarios o propietarios con título suficiente, sean latifundistas o no, a pesar de cometer injusticias en algunos casos, peores a las que se quieren corregir y en consecuencia poner en riesgo el proceso de reforma y sus objetivos.

1) El Estado está obligado a elaborar y publicar los planes agroalimentarios regionales, en concordancia con los planes nacionales. Las tierras con vocación productiva deben ajustarse a estos planes, y los propietarios u ocupantes de tierras tienen el derecho de conocerlos de antemano, o de lo contario pudieran ser considerados sus predios como ociosos o incultos por no ajustarse al ordenamiento agroalimentario, tal como se infiere del artículo 104 de la norma agraria.

2) Al Estado corresponde igualmente el cálculo y la publicación del rendimiento idóneo de cada rubro de acuerdo a la vocación de uso de las tierras. Solo así se podrá considerar justa la certificación de las tierras de acuerdo a las tres categorías previstas en la ley: ociosas, mejorables o productivas. Los valores de rendimiento idóneo deben ser conocidos con suficiente antelación para que el productor pueda ajustar su producción al nivel exigido según el rubro que produce y la vocación de uso del suelo, y solicitar el tiempo que la ley le concede para cumplir con estos niveles en caso que el productor lo considere necesario.

3) Otra tarea obligante para el Estado es la conformación del Registro Agrario en los términos que la ley establece. Vale decir, el Estado debe levantar y registrar sistemáticamente la información jurídica (títulos de las tierras), física (planos de las tierras) y avaluatoria (infraestructura física y ambiental) de todos los predios rurales del estado y del país. La información del registro, eminentemente técnica, permitiría a los entes administrativos agrarios tomar decisiones objetivas, menos discrecionales, y en consecuencia, más justas.

4) Velar que todo propietario u ocupante de tierras con vocación agroalimentaria cumpla la función social de productividad agraria, que a su vez es un patrón de medición de la adecuación que existe entre la tierra y su vocación de uso, medida en términos objetivos del tipo de suelo, del rendimiento de los rubros producidos y de su ajuste a los planes agroalimentarios regionales y nacionales.

A fin de que el Estado a través de sus organismos que le compete la materia, actúen de una manera eficiente, que cumpla con la determinación previa de los rendimientos idóneos, de la vocación de uso de las tierras y de la elaboración de los planes agroalimentarios, proponemos:

1. Transferir a los Consejos Comunales o Comunas la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras.

2. Fusionar los Comités de Tierras con los Consejos Comunales.
No hay un trabajo en conjunto entre Inti-CTU-Consejo comunal.

3. Enseñar en todas las Escuelas de Agronomía, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con la problemática de la realidad agraria del país, para acercar a los futuros profesionales.

4. Integrar la Universidad Bolivariana con los Frentes Campesinos constituidos para afinar estrategias y soluciones a la problemática de la tenencia de las tierras en el Estado Carabobo.

5. Revisar proyectos de Ley y reformas introducidas a la Asamblea Nacional, para su posterior análisis y de allí crear propuestas verdaderamente idóneas parar solventar la problemática de las tierras en el Estado Carabobo.

6. Vincular con los entes del estado con las comunidades, a través de los consejos comunales y sus mesas técnicas.

7. Promover encuentro de saberes estado-universidad-comunidad.

8. Servir como enlace entre las instituciones y la comunidad y promover el conocimiento de las diferentes leyes establecidas en el país como la ley de tierras o ley de consejos comunales, entre otras.

9. Que el Instituto Nacional de Tierra se traslade a las zonas agrícolas y se reduzca los trámites burocráticos para que los productores agrarios obtengan su titularidad. Con la vinculación de la comunidad y los participantes del Programa de Formación de Estudios Jurídicos.



El incumplimiento de la función social en los términos que la ley establece por parte los productores propietarios u ocupantes de tierras agrícolas trae como consecuencia jurídica inmediata, el pago de un impuesto predial, y el rescate de las tierras o la expropiación de las mismas, pero para poder cumplir con tales obligaciones, el Estado debe, a su vez cumplir con sus obligaciones, de lo contario, se corre el riesgo de repetir los errores de los procesos reformadores de antaño, y neutralizar los efectos de una ley llamada a producir profundos cambios sociales en el campo.


Propuesta Aldea Machado Cisnero
ALDEA LUIS AUGUSTO MACHADO CISNEROS GUACARA:
DISCUSIÓN SOBRE LA TENENCIA DE TIERRA:
La estructura de la tenencia es un componente esencial del desarrollo sostenible, en el sentido de la equidad entre las generaciones. Cada generación transmite a las siguientes una tenencia con determinadas características y esto tendría que hacerse en una forma tal que favorezca la equidad intergeneracional. Tal circunstancia lleva a formular varias interrogantes, como por ejemplo: ¿no se puede pensar que, una tenencia en la cual no exista una definición clara de los derechos de propiedad o bien los derechos están definidos en forma muy asimétrica, será generadora de conflictos en el futuro? Por otra parte, siendo generalmente admitido que las explotaciones más pequeñas son las más eficientes, ¿no será una estructura ineficaz para la producción aquella en la cual se puede observar una alta concentración, lo cual limitaría la seguridad alimentaria de las siguientes generaciones?
El papel de la estructura de tenencia en la equidad intergeneracional. Varias características de la tenencia apuntan a la importancia de dicho papel. Por ejemplo, una tenencia que transmita una carga de conflictos para las siguientes generaciones aportará determinaciones negativas para la convivencia social, así como también para el desarrollo de la producción agrícola y, por consiguiente, para la seguridad alimentaría del país. Por otra parte un inadecuado tamaño de los terrenos, es decir, un predominio de explotaciones grandes, puede favorecer explotaciones de baja eficiencia y poner en peligro esta seguridad alimentaría para las generaciones futuras. Esto quiere decir que determinadas características de la tenencia refieren a una condición esencial de un desarrollo sostenible, que se puede denominar la equidad intergeneracional.
Las ciudades crecen y la demanda de alimentos aumentan, pero las zonas aptas para la agricultura disminuyen. Las nuevas poblaciones urbanas tratan de acceder a los terrenos cultivables. El valor de la tierra aumenta así como su demanda para usos no agrícolas. El entorno es sumamente competitivo y los actores que participan en la producción alimentaria urbana no siempre pueden hacer sentir sus voces. Ellos deben competir con una amplia variedad de intereses relacionados al acceso a las tierras para uso agrícola y sus cultivos rara vez son protegidos por sistemas que garantizan la tenencia. Las cuestiones de tenencia de tierras representan potencialmente una seria limitación para la producción alimentaria urbana.
TENENCIA DE TIERRAS URBANAS Y AGRÍCOLAS:
En base a la importancia que representa la tenencia de tierra y para que se respete el Derecho y buen uso de las tierras agrícolas:
El Estado debe darles de manera prioritaria apoyo a los trabajadores que no cuentan con los instrumentos necesarios para la explotación de la tierra con fines agrícolas.
• Establecer diagnósticos de las diferentes tierras para descubrir sus potencialidades y vocaciones agrícolas, para que de esta manera se evite la construcción de urbanismos desperdiciando la calidad y cualidad de las tierras para el cultivo agrícola.
• La planificación orientada a futuros de medidas preventiva, como por ejemplo la declaración de áreas para actividades específicamente agrícolas.
• Ordenar el territorio rural tomando en cuenta, entre otras variables, la productividad de la tierra, definida en función de su vocación de uso y de la eficiencia y eficacia productiva de los rubros agrícolas que se seleccionan, además del usufructo, goce o disfrute que fijen o alcancen los productores que estén asociados estrechamente con proyectos productivos dirigidos a satisfacer expectativas colectivas, garantizando el mantenimiento de las condiciones ecológicas requeridas para lograr un hábitat de calidad adecuada.
• Como condición para la tenencia de tierra se deben tener en cuenta el estricto cumplimiento de las Leyes ambientales, y el buen uso de la tierra, evitando de esta manera la sobreexplotación.
• Mejoramiento de la comunicación y fomento de intercambio de experiencias a nivel local con representantes de los entes gubernamentales.
• La descentralización y en este sentido transferir a los Concejos Municipales la propiedad de las tierras actualmente en manos del INTI sería un paso adelante hacia la equidad en el tratamiento de la cuestión agraria, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras. Si bien se ha insistido en el papel que jugaron los pactos locales en la histórica iniquidad agraria en Venezuela, el país está ahora en una situación distinta: los Concejos son elegidos democráticamente.
• Información: Siempre al referirse a este tema de la información vale la pena insistir, además, en la importancia de la formación de abogados agraristas, a partir de la enseñanza sistemática de un derecho agrario renovado en las Facultades de Derecho del país. También se debería enseñar en todas las Escuelas de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, al mismo tiempo que es necesario fomentar la realización de trabajos de grado vinculados con esta problemática, para acercar a los futuros profesionales con la realidad agraria del país.
• Es vital que los Consejos Comunales como célula fundamental del Poder Popular se incorpore a la identificación de los terrenos o inmuebles dentro de su ámbito territorio que se encuentren ociosos, de manera que dichos espacios sirvan de asiento para la ejecución de proyectos de orden habitacional, social o productivos; que apunten a la satisfacción de necesidades colectivas.
Como propuesta principal:
Crear un ente estrictamente encargado de la supervisión, tramitación y penalización de los beneficios y créditos aprobados para el uso de las tierras.
Por otra parte, las llamadas invasiones:
La formación informal de viviendas conlleva entre otros:
• Ocupación ilegal de terrenos que se encuentran en propiedad pública o privada.
• A la construcción sin permiso que incluye también la pregunta de si allí se debe construir o no.
• A la no consideración de normas de construcción (estática, materiales de construcción, distancia, cantidad de pisos, conexiones a infraestructuras, entre otros)
Los mayores problemas de los propietarios de las viviendas precarias consisten en la no existencia de un título de terreno y en el miedo a no tener ningún acceso a créditos públicos en condiciones favorables para la construcción y mejora de vivienda.
Por otra parte entre los ocupantes de tierra, hay frecuentemente un grupo

jueves, 1 de abril de 2010

ubvpropuestacarabobo

para la violencia ciudadana una propuesta es reeducar a los reos de manera que cuando cumplan su condena o pena puedan ser reinsersado en la sociedad y traten de no volver a tragredir las leyes y normas de la sociedad. se puede lograr con la ley de reduccion de pena por estudio y trabajo